PARTE XLIX · Historia mundial: trayectorias regionales desde 1500
548
Taiwán bajo dominio japonés, 1895–1945
Conquista, colonización y movilización de una isla multiétnica entre el tratado de Shimonoseki y la rendición de Japón
En este capítulo
El 17 de abril de 1895, el tratado de Shimonoseki cedió a Japón la isla de Taiwán y las islas Pescadores, sin consultar a quienes vivían en ellas. Ese traspaso entre dos Estados inauguró cincuenta años de gobierno colonial que reorganizaron la propiedad de la tierra, el trabajo, la escuela, la lengua y las identidades de una sociedad formada por comunidades han de orígenes distintos y por pueblos indígenas de las tierras altas. La transformación central del periodo no fue, sin embargo, la mera sustitución de una burocracia por otra: fue la construcción de un orden colonial que combinó conquista militar, administración, inversión e ingeniería social, y que repartió beneficios y costes de manera muy desigual. Dos lecturas opuestas cometen un error parecido: quien presenta el periodo como modernización neutral aísla la administración de la coerción que la hizo posible, y quien lo resume en represión pura borra las diferencias reales de experiencia entre un funcionario japonés, un arrendatario han de la llanura y un guerrillero indígena de las montañas. Este capítulo recorre ese orden en cuatro momentos: la conquista y el montaje del régimen; la reorganización de la tierra, la infraestructura, la enseñanza y la economía; la vida de identidades, negociación y resistencia; y la guerra que cerró el dominio en 1945. El capítulo 547 explicó por qué el Japón Meiji buscó un imperio; el 549 abordará la experiencia colonial en Corea.
548.1. Anexión y establecimiento de un régimen colonial#
La cesión fue un acto entre soberanos: el Imperio Qing transfirió a Japón un territorio que administraba desde el siglo XVII, y ninguna institución taiwanesa fue consultada. La reacción fue inmediata. En mayo de 1895 se proclamó en la isla una República de Formosa, encabezada por funcionarios Qing y por voluntarios que intentaron frenar la ocupación con tropas irregulares. Las fuerzas japonesas desembarcaron en Keelung a finales de mayo, avanzaron hacia el sur y tomaron Tainan en octubre. El gobierno regular de la República se disolvió, pero la lucha continuó en forma de guerrillas que la administración colonial describió como bandolerismo, una etiqueta que confundía a menudo a combatientes movilizados por lealtades políticas, deudas regionales o simplemente por la supervivencia frente a un invasor. La resistencia organizada se sostuvo hasta 1902, y en las décadas siguientes reaparecieron levantamientos episódicos, entre ellos el de 1915 en el sur, encabezado por Yu Ch'ing-fang. Conviene retener este punto: la transferencia de 1895 no fue pacífica, y el orden posterior descansó sobre una conquista consumada por las armas.
La administración pasó por fases. Entre 1895 y 1896 rigió un gobierno militar provisional; después, el Estado japonés organizó la isla bajo la autoridad de un Gobernador General nombrado desde Tokio y sin responsabilidad alguna ante los habitantes de la isla, que carecían de representación electa en Taiwán y de derecho de voto en la Dieta imperial. La fase fundacional correspondió a Kodama Gentarō, Gobernador General entre 1896 y 1898, con Gotō Shinpei al frente de la administración civil: en esos años se montó el aparato de gobierno —censos, catastro, impuestos, monopolios, policía— que haría posible el dominio cotidiano. El nuevo régimen no imitó a ningún modelo colonial europeo punto por punto, pero compartió con ellos una lógica: gobernar mediante funcionarios nombrados, medir la población y el territorio con estadísticas propias y sostener la autoridad en una policía que en el campo acumulaba funciones de recaudación, inspección escolar, sanidad y vigilancia política. Esa policía-administración fue el mecanismo por el cual el gobierno colonial llegó a cada aldea sin necesidad de guarniciones permanentes.
La coerción no se limitó a la campaña de 1895. La pacificación de las tierras altas se prolongó durante años: bajo el Gobernador General Sakuma Samata, que encabezó la administración entre 1906 y 1915, las expediciones contra pueblos indígenas de las montañas —la más prolongada, contra los Taroko en 1914— buscaron someter comunidades que no habían sido consultadas en 1895 y que defendían tierras que el catastro colonial no reconocía como suyas. La represión del levantamiento de 1915, con cientos de detenidos y ejecuciones, cerró la primera etapa de resistencia armada. Sobre esa base se construyó la normalidad colonial: la violencia militar dio paso a una coerción administrativa más dispersa —registro de tierras, impuestos en dinero, sanciones policiales, penas judiciales— que disciplinaba la vida diaria sin requerir batallas.
A partir de 1919 la isla fue gobernada por Gobernadores Generales civiles, en un giro ligado a la reorganización imperial de posguerra y a la idea de que la reforma administrativa reduciría el descontento. Las aperturas fueron reales pero estrechas: un consejo consultivo del Gobernador General incluyó, desde 1921, a unos pocos miembros taiwaneses designados, entre ellos Lin Hsien-tang; la ordenanza educativa de 1922 proclamó en teoría la igualdad de acceso de japoneses y taiwaneses a la enseñanza; y los cuadros bajos de la administración admitieron a funcionarios taiwaneses. Ninguna de estas medidas trasladó la decisión política: el poder normativo, el mando policial y el presupuesto seguían concentrados en el Gobernador General y, detrás de él, en Tokio, y las concesiones podían retirarse cuando las peticiones se volvían incómodas. Participar en el consejo consultivo era negociar dentro de un orden que no ofrecía soberanía alguna.
Aquí conviene una cautela historiográfica. La imagen de Taiwán como colonia modelo circuló en la propaganda de la época y ha sobrevivido en parte de la memoria pública japonesa, alimentada por la comparación con colonias supuestamente más brutales. La historiografía reciente, incluido el estudio recogido en la bibliografía de este capítulo, advierte que esa lectura separa la modernización de la coerción: presenta puentes, escuelas y saneamiento sin preguntar quién los financió, quién usufructuó el crecimiento y qué tierra hubo que arrebatar antes para lograrlo. Este capítulo adopta la posición contraria: administración y coerción fueron componentes del mismo sistema, y toda valoración de sus resultados debe explicitar la distribución de beneficios y costes.
548.2. Tierra, infraestructura, educación, economía y jerarquías sociales#
La base material del régimen fue la reforma de la tierra. Desde 1898 la administración desplegó el catastro y el registro de derechos de propiedad, desarrollados a lo largo de los años siguientes, con un objetivo fiscal directo: convertir posesiones informales o consuetudinarias en derechos inscritos y gravables con un impuesto en dinero. Para los agricultores han de la llanura, cuyos títulos eran reconocibles en la documentación Qing o en costumbres locales verificables, el registro confirmó la propiedad; pero también los sometió a una carga fija en efectivo que en años malos empujó a deuda y arrendamiento. Para los pueblos indígenas de las tierras altas, cuyo uso del suelo no encajaba en las categorías legales coloniales, el efecto fue de desposesión: grandes superficies quedaron clasificadas como tierra del Estado y abiertas a la apropiación colonizadora. El mismo instrumento legal produjo, por tanto, dos resultados opuestos según el grupo afectado: estabilizó la propiedad de unos para despojar de la suya a otros, y en ambos casos creó la base impositiva que financió el resto de la colonia.
La infraestructura siguió a esa lógica. En 1908 se completó la línea ferroviaria que unió el norte y el sur de la isla, y a ella se sumaron carreteras, telégrafos y teléfonos, obras portuarias en Keelung y Takao, sistemas de riego en las llanuras agrícolas y, en los años treinta, grandes centrales hidroeléctricas. Estas obras acortaron distancias, hicieron viables las exportaciones y reforzaron el control militar y administrativo sobre el interior. Pero no fueron un regalo neutro: se planificaron para mover tropas, extraer productos y articular los mercados taiwaneses con los japoneses, se pagaron con un presupuesto colonial sostenido por impuestos y monopolios, y su distribución favoreció las llanuras y las ciudades sobre las tierras altas, donde el acceso siguió precario. Describirlas como modernización sin especificar el fin para el que se construyeron y el coste que soportaron es convertir un instrumento de gobierno en un beneficio espontáneo.
El saneamiento muestra el mismo patrón con más claridad. Las autoridades coloniales montaron campañas contra la peste, el paludismo —drenajes, control de mosquitos, distribución de quinina— y la anquilostomiasis, y construyeron redes de agua potable y alcantarillado en las ciudades. Las estadísticas coloniales registran una caída sostenida de la mortalidad y un alargamiento apreciable de la esperanza de vida entre 1905 y 1940, y ese bienestar fue real para la población. La causa, sin embargo, no fue filantrópica: un trabajador enfermo no rendía, una epidemia en el puerto frenaba el comercio, y el saneamiento de las zonas residenciales japonesas proyectaba la imagen de civilización que justificaba el dominio. Además, la calidad del servicio varió por origen, clase y lugar: las ciudades y los barrios japoneses quedaron mejor atendidos que el campo han y, con diferencia, que las aldeas de montaña. La mejora y la desigualdad nacieron del mismo proyecto.
La educación fue el otro pilar. La ordenanza de 1898 organizó escuelas públicas para los niños taiwaneses en un sistema separado del de las escuelas elementales reservadas a los hijos de residentes japoneses, con cursos más cortos, menos recursos y el japonés como lengua de instrucción e instrumento de formación moral. La ordenanza de 1922 abolió en el papel esa separación, pero en la práctica la estratificación persistió, y la enseñanza superior quedó reservada a muy pocos: la Universidad Imperial de Taihoku, fundada en 1928 y antecedente de la actual Universidad Nacional de Taiwán, atendió a una minoría de estudiantes, con predominio japonés en las facultades más codiciadas. Los resultados fueron dobles y ambos documentados. Cada generación de taiwaneses formada después de 1898 salió con mayor dominio del japonés y con grados de alfabetización crecientes, y familias enteras usaron la escuela como vía de movilidad; al mismo tiempo, el sistema seleccionaba, separaba y formaba súbditos imperiales. Es decir: la escolarización amplió capacidades individuales dentro de un diseño que asignaba destinos distintos según el origen.
La economía colonial se organizó en torno a dos cultivos de exportación. El azúcar se convirtió en el principal producto de la isla: la capital japonesa levantó centrales de molienda, las plantaciones de caña se extendieron por el suroeste y los agricultores han quedaron ligados a las centrales mediante contratos en los que el precio del caña se fijaba con ventaja para el comprador. El alcanfor, sometido a monopolio estatal a comienzos del siglo XX, aportó ingresos importantes en los primeros años. A partir de la década de 1920, variedades de arroz de alto rendimiento promovidas por las autoridades —las llamadas Ponlai— aumentaron la producción de grano orientada al mercado japonés, y la industria de conservas de piña empleó mano de obra femenina a gran escala. En los años treinta se sumaron cemento, textiles, productos químicos y alcohol industrial, en parte para sustituir importaciones y preparar la economía de guerra. El comercio exterior giraba en torno a un eje único: la mayor parte de las exportaciones de Taiwán se dirigía a Japón y la mayor parte de las importaciones provenía de Japón. El crecimiento existió, pero dependía de la demanda imperial y dejaba el precio de la tierra, del azúcar y del trabajo fijado fuera de la isla.
Sobre esa base se asentó una jerarquía social inscrita en reglas, no solo en prejuicios. Los residentes japoneses —funcionarios, policías, ingenieros, comerciantes y colonos— ocuparon los cargos superiores con salarios más altos que sus equivalentes taiwaneses, viviendas y servicios urbanos mejores y escuelas propias. La mayoría han, compuesta por hablantes de Hoklo y de Hakka y diferenciada por región, clase y relación con el poder colonial, ocupaba el escalón intermedio: unos pocos cooperadores accedían a puestos y contratos ventajosos, mientras la mayoría de agricultores y obreros soportaba impuestos, precios bajos y jornadas largas. Los pueblos indígenas quedaron en la base, administrados por un aparato especial, retratados como atrasados y despojados de tierra por el catastro. El género cruzaba toda la escala: las mujeres trabajaban en campos, centrales y fábricas con salarios inferiores y bajo la tutela moral de una administración que legislaba sobre el matrimonio, la prostitución y la familia. La colonia no era una masa homogénea, y ni el crecimiento ni la escolarización alteraron esa arquitectura; la hicieron más compleja.
548.3. Identidades, negociación, resistencia y adaptación#
La sociedad a la que gobernó Tokio no tenía una identidad única antes de 1895, y el dominio colonial tampoco creó una de golpe. Convivían comunidades han de distinto origen dialectal y regional, familias llegadas en oleadas separadas por generaciones, y decenas de pueblos indígenas con lenguas y organización propias. La administración colonizadora los agrupó en categorías legales —japoneses, taiwaneses, indígenas de las montañas— que organizaron privilegios y obligaciones. De la experiencia compartida de vivir bajo esas categorías, y de la escuela, el servicio público y la prensa en japonés, emergieron en las décadas de 1920 y 1930 identificaciones nuevas: la historiografía, incluido el trabajo de Leo T. S. Ching sobre la formación política de la identidad, lee ese proceso como una política colonial de convertir habitantes en súbditos imperiales, no como una asimilación espontánea. Hablar japonés con fluidez se volvió corriente entre los jóvenes; la fluidez, sin embargo, no era lealtad: era una herramienta que servía para leer, negociar y ascender, y que podía usarse en cualquier dirección.
La resistencia recorrió el periodo entero, pero cambió de forma por razones concretas. La primera etapa fue armada: la República de Formosa, las guerrillas de 1895–1902 y los levantamientos posteriores, incluido el de 1915, fracasaron porque el Estado japonés concentró fuerza militar, policía y control de armas antes de que los insurgentes pudieran sostener posiciones. Tras esa derrota, y ante un aparato administrativo que ya llegaba a cada aldea, la oposición se desplazó hacia las vías legales. Entre 1921 y 1934, dirigentes como Lin Hsien-tang presentaron anualmente ante la Dieta imperial peticiones para que Taiwán tuviera una asamblea legislativa propia. Era una estrategia que daba por bueno el imperio y reclamaba derechos dentro de él; también revelaba el cálculo de que la opinión pública japonesa y el parlamento podían contener al Gobernador General. Las peticiones fueron rechazadas una y otra vez, y ese fracaso explica el giro posterior: cuando la vía parlamentaria imperial se cerró, la movilización se volcó sobre la sociedad civil.
En esos años florecieron las organizaciones. La Asociación Cultural de Taiwán, fundada en 1921, organizó conferencias, publicaciones y campañas de elevación cultural en las que se discutía, con lenguajes distintos, la condición taiwanesa dentro del imperio. En 1927 la asociación se dividió entre moderados que buscaban reformas graduales y sectores de izquierda que denunciaban la explotación del trabajo y de la tierra. De esas escisiones salieron el Partido del Pueblo de Taiwán, fundado en 1927 y considerado el primer partido político de la isla, y la Liga de Autogobierno Local de 1930, que pedía la autonomía local gradual; en paralelo, sindicatos y uniones de campesinos organizaron huelgas y reclamaciones contra arrendadores y centrales azucareras. La respuesta colonial fue desigual según momento y bando: se toleró a la derecha moderada mientras resultaba inofensiva y se reprimió a la izquierda. A comienzos de los años treinta, detenciones y disoluciones desmantelaron gran parte de esa organización; Chiang Wei-chui, uno de sus principales impulsores, murió en prisión en 1931. El sistema colonial admitía peticionistas, no partidos que cuestionaran su fundamento.
El episodio que más nítidamente mostró los límites del orden colonial fue la rebelión de Wushe, de octubre de 1930. Grupos Seediq, liderados por Mona Rudao, atacaron de madrugada un puesto de policía y a los asistentes a un acto oficial; Paul D. Barclay cifra en 134 las personas japonesas asesinadas, incluidos niños. La represión movilizó tropas y aviones; también hubo informes contemporáneos sobre el uso de gas. Las autoridades japonesas reconocieron el uso de gas lacrimógeno, mientras que la alegación de otros agentes tóxicos —incluido el gas mostaza— aparece en testimonios y estudios posteriores, pero sigue siendo discutida y no debe presentarse como un hecho establecido. La campaña dejó cientos de muertes indígenas, incluidos suicidios colectivos de familias que prefirieron no rendirse. El balance fue desproporcionado incluso dentro de los estándares coloniales, y el incidente quedó como prueba de que dos décadas de escuela y administración no habían penetrado en las tierras altas como suponía el discurso oficial. Después del episodio, la administración revisó parcialmente su trato a las montañas, pero la corrección no alteró el hecho fundamental: la violencia de la conquista seguía disponible para el Estado cuando el sometimiento fallaba.
Junto a la resistencia y la obediencia existió una zona amplia de adaptación cotidiana, que no conviene ni heroizar ni estigmatizar. Familias enteras aprendieron japonés para que sus hijos rindieran examen; pequeños comerciantes se asociaron con firmas japonesas; antiguos jefes de aldea y personas con formación sirvieron como intermediarios, intérpretes o policías auxiliares; agricultores registraron sus tierras para evitar sanciones y usaron los tribunales coloniales cuando les convenía. Estas prácticas no eran traición ni sumisión pura: eran formas de moverse dentro de reglas impuestas, y el régimen dependía de ellas para funcionar sin una guarnición en cada aldea. La agencia colonial aparece así en tres registros a la vez —resistir, negociar, servir—, y una misma persona podía alternar entre ellos a lo largo de la vida.
La última fase cultural se aceleró con la guerra. Desde mediados de los años treinta, la política de kōminka —literalmente, convertirse en pueblo imperial— buscó que los taiwaneses no solo obedecieran, sino que se identificaran con el trono: en 1937 se prohibió la enseñanza en lenguas locales, de modo que el japonés quedó como única lengua de instrucción; en 1940 se lanzó un programa de cambio de apellidos japoneses, con participación voluntaria en el papel y presión efectiva sobre quien se resistiera; se promovieron los santuarios sintoístas y las ceremonias de lealtad imperial; y desde 1942 se abrió el alistamiento de soldados voluntarios taiwaneses. La intensificación respondió a necesidades de guerra —mano de obra, cohesión, sacrificios— más que a un éxito previo de la asimilación, y su alcance fue limitado: la minoría de familias que adoptó apellidos japoneses muestra que la coerción cultural tenía techo. Para unos, la identificación imperial fue sincera; para otros, una coreografía de supervivencia. El efecto neto fue una generación bilingüe que llevó dentro, sin resolverlos, los dos marcos de pertenencia.
548.4. Guerra y fin del dominio japonés#
La guerra a gran escala en China, iniciada en julio de 1937, convirtió a Taiwán en plataforma logística y en reserva económica del imperio. Las centrales azucareras y las fábricas reorientaron parte de su producción hacia el esfuerzo bélico —alcohol industrial, cemento, materiales químicos—; la administración aseguró el control de granos y azúcar con medidas de aprovisionamiento y precios administrados; y la mano de obra fue asignada según prioridades militares. Desde los años cuarenta se añadieron racionamiento, apagones y restricciones a la circulación. La isla, que había crecido exportando a Japón, quedó ahora atada a un esfuerzo de guerra que demandaba todo lo que producía. La movilización económica cerró el círculo abierto en 1895: la economía colonial, diseñada para alimentar el mercado imperial, pasó a alimentar al ejército.
La guerra alcanzó también a la población civil en forma de violencia directa. Desde octubre de 1944, portaaviones estadounidenses atacaron la isla, y en mayo de 1945 un bombardeo sobre Taipéi destruyó amplias zonas de la ciudad y causó numerosas víctimas; Takao sufrió ataques semejantes. La vida cotidiana se organizó en torno a los refugios, los apagones y la escasez, mientras la censura seguía privilegiando las noticias de victoria. Cincuenta años de gobierno colonial, que habían administrado el miedo y la disciplina desde las comisarías, se encontraron de pronto con un enemigo que bombardeaba las ciudades sin pasar por ningún aparato colonial.
Los cuerpos también fueron movilizados. Desde 1942 se abrió el alistamiento de soldados voluntarios taiwaneses, y muchos sirvieron en frentes del sudeste asiático; en los últimos años de guerra, estudiantes y trabajadores fueron enviados a fábricas del archipiélago para sostener la producción armamentística. Mujeres taiwanesas fueron reclutadas como «mujeres de confort», un capítulo documentado cuyas cifras siguen siendo objeto de debate entre investigadores. A la vez, la política de kōminka alcanzó su punto más intenso, con sermones de lealtad, donaciones forzosas y vigilancia vecinal. No hubo una gran rebelión abierta en esos años, pero tampoco entusiasmo general: lo que se obtuvo fue cumplimiento bajo presión, medido en soldados, granos y silencio.
El fin llegó desde fuera. En julio de 1945, la declaración de Potsdam fijó las condiciones de rendición; el 15 de agosto el gobierno japonés anunció su aceptación, y el 2 de septiembre se formalizó la capitulación ante los Aliados. Las fuerzas de la República de China recibieron la rendición de Japón en Taiwán el 25 de octubre de 1945, y con ese acto se clausuraron cincuenta años de dominio. En los meses siguientes, alrededor de trescientos mil residentes japoneses —una estimación corriente de la historiografía del periodo— fueron repatriados al archipiélago junto con soldados y funcionarios, y la administración, los catastros, las escuelas, los ferrocarriles y las deudas de la colonia pasaron a manos de una autoridad nueva. La cesión de 1895 había sido un trámite entre Estados; el traspaso de 1945 fue la entrega de un territorio a un gobierno aliado vencedor, sin que la población tuviera voz en ninguno de los dos actos.
Este cierre no borra la transformación analizada a lo largo del capítulo. El orden colonial japonés en Taiwán fue a la vez coerción conquistadora, administración eficiente, integración económica desigual y presión cultural, y sus resultados dependían de a quién se preguntara: del agricultor que perdió tierra en las montañas, del obrero de la central azucarera, de la familia que usó la escuela para escalar o del funcionario que perdió su cargo en 1945. El capítulo 547 situó esta experiencia dentro de la construcción del imperio japonés; el capítulo 549 la examinará, con otro calendario y otra forma de anexión, en Corea.
Preguntas de transferencia#
¿Por qué no puede contarse la construcción de ferrocarriles, puertos y escuelas coloniales como una modernización neutra? Porque el mecanismo de producción determina la distribución: esas obras se financiaron con un presupuesto colonial alimentado por impuestos y monopolios, se planificaron para mover tropas, extraer productos y ligar los mercados taiwaneses a los japoneses, y sus beneficios se concentraron en llanuras, ciudades y sectores exportadores mientras los costes fiscales recayeron sobre la población y las tierras altas quedaron rezagadas. Contar la infraestructura sin su propósito y su financiación convierte un instrumento de gobierno en un bien espontáneo.
¿Cómo convirtió el catastro iniciado en 1898 una posesión consuetudinaria en un derecho fiscalizable, y por qué el efecto fue distinto para cada grupo? Al exigir el registro de la propiedad en categorías legales coloniales, el catastro transformó usos del suelo no escriturables en derechos inscritos gravables en dinero. Para los agricultores han con títulos reconocibles confirmó la propiedad, pero los sometió a un impuesto fijo que en malos años empujó a deuda y arrendamiento; para los pueblos indígenas, cuyo uso no encajaba en esas categorías, convirtió tierras ancestrales en tierra del Estado. Un mismo instrumento estabilizó la propiedad de unos y despojó a otros, y en los dos casos creó la base que financió la colonia.
¿Por qué la oposición taiwanesa pasó de las armas (1895–1915) a las peticiones y los partidos (1921–1934)? Porque la pacificación elevó el coste de la rebelión armada y cerró esa vía, mientras la administración ofrecía conductos limitados —consejo consultivo, Dieta imperial— en los que una élite con recursos podía operar legalmente. El cambio de estrategia no fue sumisión, sino un recálculo de probabilidades ante un Estado que ya llegaba a cada aldea; y cuando esos conductos demostraron no dar resultados, la movilización se desplazó a la sociedad civil. La forma de resistir revela la estructura de poder disponible, no el coraje de los resistentes.
¿Qué revela la intensificación de la política de kōminka a finales de los años treinta sobre las dos décadas anteriores? Que la asimilación previa había sido lenta e incompleta: el dominio del japonés creció, pero el uso de las lenguas locales y las identificaciones locales persistieron, como muestra la participación limitada en el cambio de apellidos de 1940. La aceleración respondió a necesidades imperiales de guerra —mano de obra, cohesión, sacrificios— y no a una conversión cultural lograda; su cumplimiento parcial demuestra que la coerción simbólica tenía techo. La intensidad de una política de identidad mide la necesidad del Estado, no el consentimiento de la población.
¿Por qué las mejoras en salud pública y escolaridad no resuelven por sí solas la cuestión moral de la colonización? Porque fueron producidas dentro de una racionalidad colonial —proteger la fuerza de trabajo, las zonas residenciales japonesas y la imagen de civilización—, distribuidas de manera desigual según origen, clase y lugar, y financiadas mediante extracción fiscal. Para juzgarlas hay que preguntar quién las controló, quién las financió, quién quedó fuera y qué alternativa habría existido sin dominio colonial, en lugar de confundir una métrica agregada con un beneficio común. La misma red de agua potable puede ser un avance sanitario y un instrumento de jerarquía, y ambas cosas a la vez.
Fuentes y lecturas del capítulo#
- Liao, Ping-hui, y David Der-wei Wang, eds. Taiwan Under Japanese Colonial Rule, 1895–1945: History, Culture, Memory. Columbia University Press, 2006.
- Ching, Leo T. S. Becoming Japanese: Colonial Taiwan and the Politics of Identity Formation. University of California Press, 2001.
- Chou, Wan-yao. A New Illustrated History of Taiwan. Taipei: SMC Publishing, 2015.
- Rubinstein, Murray A., ed. Taiwan: A New History. M. E. Sharpe, 1999.
- Kerr, George H. Formosa Betrayed. Houghton Mifflin, 1965.
- National Museum of Taiwan History. History of Taiwan: Journal of National Museum of Taiwan History (artículos académicos; índice y repositorio oficial). https://file.moc.gov.tw/001/Upload/528/relfile/13675/135829/0448b6de-f3a3-4571-9d2f-b451da8c495b.pdf
- Heé, Nadin. “Taiwan under Japanese Rule. Showpiece of a Model Colony? Historiographical Tendencies in Narrating Colonialism.” History Compass 12, n.º 8 (2014): 632–641. https://doi.org/10.1111/hic3.12180.
- Barclay, Paul D. Outcasts of Empire: Japan’s Rule on Taiwan’s “Savage Border,” 1874–1945. University of California Press, 2018. https://doi.org/10.1525/9780520968806.
- Chang, Winifred Kai-wen. Marshaling Culture: Strategies of Japanese Mobilization in Colonial Taiwan. Tesis doctoral, University of California, Los Angeles, 2012. https://escholarship.org/uc/item/8hd9p8zt.