Lectura
Índice completo

PARTE XLIV · Ética aplicada: responsabilidades en sistemas reales

484

Ética de la guerra y la paz

Juzgar la fuerza, limitar el daño y sostener una paz que no borre a quienes sufrieron

Capítulo 484 · 529 capítulos publicados

En este capítulo

Ejemplo construido. En el Estado ficticio de Liria, el gobierno vecino de Orven anuncia que sus fuerzas entrarán en una provincia fronteriza de Liria. Un grupo armado controla allí varios municipios y hay informes aún incompletos sobre ataques contra la población. El Consejo de Seguridad debate la situación, pero todavía no ha adoptado una decisión. El gabinete de Liria considera tres opciones: pedir mediación y observación internacional, reforzar la protección civil dentro de su territorio o cruzar la frontera para atacar bases que atribuye al grupo. Las personas desplazadas piden protección inmediata; otras temen que una intervención amplíe la guerra. Ninguna alternativa está libre de riesgo, y el relato de cada actor es interesado.

Este caso no describe un conflicto real ni permite inferir la legalidad de una operación concreta. Sirve para mostrar por qué «¿está justificada la guerra?» reúne preguntas distintas. Una se refiere a quién puede recurrir legalmente a la fuerza y bajo qué condiciones. Otra pregunta qué puede hacerse una vez existe un conflicto armado. Una tercera trata de la responsabilidad por decisiones y crímenes; una cuarta, de qué reparación y paz pueden responder al daño. Mezclarlas conduce a errores: una causa moralmente urgente no suspende las reglas que protegen a civiles, y cumplir algunas reglas durante una guerra no convierte en lícito el acto de iniciarla.

La pregunta guía es: ¿cómo evaluar el recurso a la fuerza y sus consecuencias sin confundir justificación política, legalidad, límites humanitarios, culpa individual y construcción de paz? La tesis de este capítulo es que una decisión responsable debe mantener separadas esas pruebas y conectarlas sólo mediante razones explícitas. El derecho ofrece restricciones y procedimientos; la ética pregunta también por las razones, alternativas, cargas y fines que una legalidad mínima no resuelve.

El capítulo 478 presenta herramientas generales de deliberación moral. El 483 examina valores, daños y responsabilidades ambientales. El 481 trata responsabilidad y salvaguardas en el diseño y uso de tecnología; aquí esas preguntas se limitan a su aplicación en conflictos armados. No se repiten la historia militar, las teorías generales de relaciones internacionales, el derecho internacional en conjunto ni las tecnologías de los capítulos 452–470. Tampoco se ofrece un manual operacional. La atención está en cómo pensar y justificar decisiones, no en cómo ejecutarlas.

484.1. Justificaciones de la fuerza y sus objeciones#

La primera tarea es precisar qué significa «justificar». Una explicación causal dice por qué ocurrió una guerra: una amenaza percibida, una disputa, un error o una decisión. Una justificación moral sostiene que ciertas razones hacen permisible o incluso necesaria la fuerza. Una justificación jurídica afirma que se cumplen reglas aplicables. Ninguna de estas respuestas implica automáticamente las otras. Una acción puede tener una causa comprensible y ser injusta; puede recibir apoyo político y violar el derecho; y una excepción jurídica puede ser defendible sin resolver si la decisión fue prudente o moralmente suficiente.

En el derecho internacional contemporáneo, la regla de partida para los Estados es la prohibición de amenazar o usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o de cualquier modo incompatible con los propósitos de la ONU (Carta de la ONU, art. 2(4)). Entre las vías relevantes están la acción del Consejo de Seguridad dentro del Capítulo VII y la legítima defensa individual o colectiva si ocurre un ataque armado, sujeta al artículo 51. La Carta no da una licencia general para invadir unilateralmente con el propósito de corregir cualquier injusticia.

El Consejo de Seguridad determina si hay amenaza a la paz, quebrantamiento o acto de agresión, y puede recomendar o decidir medidas conforme al artículo 39. El artículo 41 contempla medidas no armadas; el 42 permite acción militar si las medidas del artículo 41 serían inadecuadas o ya lo fueron. El alcance depende de cada resolución: «la ONU autorizó» no indica por sí solo qué conducta quedó permitida (Carta de la ONU, arts. 39–42).

El artículo 51 no es un permiso ilimitado que nazca de cualquier amenaza: preserva la legítima defensa «si ocurre un ataque armado» contra un miembro, hasta que el Consejo tome medidas necesarias; también exige informar al Consejo. La CIJ interpreta que la defensa propia está sujeta a necesidad y proporcionalidad. Aplicarlas a ataques inminentes, actores no estatales y vínculos territoriales sigue suscitando controversia; no es una excepción abierta (Carta, art. 51; CIJ, Nicaragua, fondo, 1986).

La ética añade preguntas que el umbral jurídico no agota. ¿Qué daño se pretende evitar? ¿La fuerza puede alcanzarlo sin imponer cargas mayores? ¿Se intentaron alternativas no violentas razonables? ¿Quién definió el objetivo y quién puede impugnarlo? ¿Existe una salida política creíble o se promete una protección que la intervención no puede sostener? «Último recurso» no significa que haya que probar mecánicamente todas las opciones imaginables antes de actuar. Significa que quienes proponen la fuerza deben explicar qué alternativas eran viables, qué evidencia tenían, por qué el tiempo importaba y qué riesgos comparativos esperaban. La urgencia puede reducir el tiempo disponible para deliberar, pero no transforma la incertidumbre en certeza.

Las tradiciones de guerra justa ofrecen marcos filosóficos para discutir causa, autoridad, intención, necesidad y proporcionalidad; no son un código positivo que autorice la guerra. Pueden ampliar el examen moral, pero no sustituyen el derecho vigente. Una causa justa no vuelve permisibles medios prohibidos.

En Liria, proteger a las personas frente a una agresión puede ser una razón poderosa. Pero no prueba que cruzar la frontera para atacar al grupo armado sea una respuesta permitida: habría que establecer qué ataque ocurrió, quién lo cometió, qué relación tiene con el Estado vecino, qué autorización existe y qué límites se aplican. Tampoco prueba que la intervención sea eficaz o que el gabinete pueda cumplir sus promesas de seguridad. Las objeciones no necesitan negar la gravedad del daño: pueden preguntar si la acción propuesta lo reducirá, si agravará otros riesgos y si hay formas menos dañinas de proteger a quienes están amenazados.

484.2. Protección de civiles, violencia sexual y responsabilidad#

Una vez que existe un conflicto armado, entra en juego el derecho internacional humanitario (DIH), con independencia de qué parte comenzó la guerra o de si su causa es considerada justa. El DIH regula la conducta de las partes en conflictos armados y protege a personas que no participan o han dejado de participar en hostilidades. Su aplicación depende de hechos y de la clasificación jurídica del conflicto; los tratados no son idénticos en los conflictos internacionales y no internacionales. Esa clasificación no es un juicio moral sobre las partes y no decide por sí sola la legalidad del recurso inicial a la fuerza.

El artículo común 3 de los Convenios de Ginebra establece mínimos para conflictos armados no internacionales: trato humano sin distinción adversa a quienes no participan activamente, depusieron armas o quedaron fuera de combate; prohíbe, entre otros actos, violencia contra la vida y la persona, toma de rehenes y condenas sin garantías indispensables. No cubre por sí solo todo el DIH, pero muestra que un conflicto interno no crea un vacío jurídico (artículo común 3).

En conflictos internacionales, el Protocolo adicional I obliga a sus partes a distinguir entre civiles y combatientes, y a dirigir operaciones solo contra objetivos militares (art. 48). Prohíbe ataques indiscriminados y ataques cuyo daño civil incidental previsto sea excesivo respecto de la ventaja militar concreta y directa anticipada (art. 51). Otros principios pueden regir por costumbre, pero no se debe inferir qué obligación aplica sin revisar tratado, conflicto y regla pertinente (Protocolo I).

La protección no garantiza que ningún civil resulte herido. El artículo 57 del Protocolo I, para sus partes y dentro de su ámbito, exige cuidado constante: verificar de forma factible que un objetivo es militar y tomar precauciones para evitar o reducir daños incidentales. También exige cancelar o suspender el ataque si se hace aparente que el objetivo no es militar o que el daño incidental previsto sería excesivo frente a la ventaja militar concreta y directa anticipada (art. 57(2)(b)). «Factible» considera las circunstancias disponibles; no exige un resultado sin daño ni conocimiento omnisciente.

La violencia sexual está prohibida por normas de DIH y puede constituir crimen de guerra; ciertas conductas también pueden ser crímenes de lesa humanidad si forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil y se cumplen los demás elementos. El IV Convenio protege contra violación y prostitución forzada a personas bajo su régimen; el Protocolo I prohíbe ultrajes a la dignidad y ofrece protección específica a mujeres en conflictos internacionales (IV Convenio, art. 27; Protocolo I, arts. 75–76). El Estatuto de Roma enumera violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otras formas de violencia sexual como crímenes de guerra en conflictos internacionales y no internacionales, bajo condiciones y elementos propios (arts. 7–8). No toda alegación satisface automáticamente los elementos o la jurisdicción de la CPI (Estatuto de Roma, texto oficial 2025; registro de enmiendas).

Una denuncia de violencia sexual merece escucha segura, investigación competente y protección contra represalias; no equivale por sí misma a una sentencia. La ausencia de condena tampoco prueba que no hubiera daño: puede haber límites de acceso, evidencia o jurisdicción. La comunicación rigurosa distingue testimonio, corroboración, alegación, hallazgo judicial y responsabilidad establecida, sin convertir el sufrimiento en recurso retórico ni exigir detalles íntimos para conceder credibilidad.

La responsabilidad moral puede preceder a una decisión judicial, pero la responsabilidad penal individual exige probar los elementos del delito y la participación bajo garantías procesales. El Estatuto de Roma contempla varias formas de participación (art. 25). Responsabilidad de mando no significa culpabilidad automática por el acto de un subordinado: el artículo 28 exige autoridad y control efectivos, conocimiento (con estándares distintos para comandantes militares y otros superiores), omisión de medidas necesarias y razonables y los demás nexos del texto. El rango por sí solo no basta (Estatuto de Roma, texto oficial 2025, arts. 25 y 28).

El Estatuto de Roma confiere a la CPI competencia sobre individuos por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, con límites de materia, tiempo, admisibilidad y jurisdicción. Para los tres primeros crímenes, la jurisdicción suele depender de que ocurrieran en territorio de un Estado parte o fueran cometidos por uno de sus nacionales, de una aceptación conforme al artículo 12(3) o de una remisión del Consejo de Seguridad, además de las demás condiciones del Estatuto. Su artículo 124 permite a un Estado, al hacerse parte, declarar por siete años que no acepta jurisdicción por crímenes de guerra atribuidos a sus nacionales o cometidos en su territorio. La Asamblea adoptó en 2015 una enmienda para eliminar ese artículo, pero el depositario de tratados de la ONU aún la registraba como no vigente en septiembre de 2026; debe comprobarse si afecta el caso concreto (registro de la enmienda al art. 124). El crimen de agresión tiene un régimen distinto: en las vías de iniciativa propia del Fiscal y remisión estatal, el artículo 15 bis(5) excluye la jurisdicción cuando el crimen se atribuye a nacionales de un Estado que no es parte o se habría cometido en su territorio; la remisión del Consejo de Seguridad se rige por el artículo 15 ter y no debe confundirse con esa vía. Las enmiendas Kampala y sus declaraciones también condicionan el alcance en casos concretos. La Corte es complementaria de las jurisdicciones nacionales; una denuncia o solicitud de orden no equivale a condena. La CPI no juzga Estados: su responsabilidad internacional se evalúa por vías distintas. Adhesiones, aceptaciones y declaraciones pueden cambiar el alcance aplicable (Estatuto de Roma, edición oficial 2025, arts. 5, 11–13, 15 bis–15 ter y 17; jurisdicción de la CPI; registro de enmiendas).

Separar categorías vuelve verificable la responsabilidad. Un Estado puede incurrir en responsabilidad internacional por una conducta atribuible que incumpla una obligación; una persona puede responder penalmente si se prueban los elementos del crimen; una institución puede tener responsabilidad política. Pueden superponerse, pero usan preguntas y foros distintos. Un informe ético puede criticar una decisión temeraria aunque no se pruebe un crimen; un tribunal penal no resuelve todo el debate histórico.

Ejemplo construido. En Liria, un equipo de verificación internacional recibe relatos de violencia sexual en un centro de detención. El gobierno niega que haya ocurrido; varias personas sobrevivientes solicitan que no se publique información identificatoria. Una respuesta respetuosa preserva testimonios y evidencia de forma segura, protege a las personas, investiga patrones y responsables sin presumir conclusiones y describe con precisión el estado procesal. No anuncia una condena antes de un juicio ni presenta la falta de acceso a ciertos registros como prueba definitiva de inocencia. Tampoco atribuye responsabilidad automática a toda una unidad o a un superior por el cargo que ocupa; examina autoridad efectiva, conocimiento, medidas posibles y el nexo requerido por la norma aplicable.

484.3. Proporcionalidad y límites de la acción#

«Proporcionalidad» tiene varios sentidos. En DIH, la regla de proporcionalidad en un ataque prohíbe prever daño incidental civil excesivo respecto de la ventaja militar concreta y directa anticipada (Protocolo I, art. 51(5)(b), para sus partes). Es una evaluación prospectiva basada en información disponible al decidir, no un balance mecánico posterior. La ventaja debe guardar relación concreta con la acción, no ser un beneficio político abstracto (Protocolo I, art. 51).

Esta regla no autoriza ataques contra civiles cuando el balance parezca favorable. La distinción sigue siendo un requisito independiente: civiles no pueden ser objeto directo de ataque, y ciertos ataques indiscriminados están prohibidos. La ventaja esperada no compensa violar esas prohibiciones. Tampoco hay una cifra universal que marque el punto de exceso. La evaluación exige hechos sobre el objetivo, daño civil que podía preverse, ventaja militar concreta y directa, información disponible, alternativas y medidas de precaución. El resultado puede depender de datos que una investigación posterior logre establecer; por ello, afirmar con certeza a partir de imágenes parciales que un ataque fue o no proporcionado excede lo que esas imágenes por sí solas prueban.

El artículo 57 exige precauciones factibles al verificar objetivos y elegir medios y métodos; si varios objetivos ofrecen ventaja militar similar, debe preferirse el que se espere cause menos peligro civil. Quien decide debe revisar la evaluación ante cambios y cancelar o suspender si se hace aparente que el objetivo no es militar, tiene protección especial o que el daño incidental previsto sería excesivo frente a la ventaja concreta y directa anticipada (art. 57(2)(b)). La regla convencional obliga a partes del Protocolo I; otras normas pueden regir conflictos distintos (Protocolo I, art. 57).

La proporcionalidad en legítima defensa bajo el jus ad bellum pregunta otra cosa: si la escala y el alcance de la fuerza empleada guardan relación con el propósito defensivo de detener o repeler el ataque armado. La CIJ la trata junto con la necesidad en el derecho de legítima defensa; no es la misma prueba que compara daño incidental civil y ventaja militar anticipada durante un ataque. Una respuesta podría satisfacer la proporcionalidad del jus ad bellum y violar DIH en un ataque específico; o respetar DIH en cada operación y aun así no tener una base lícita para iniciar la fuerza. Los dos planos no se compensan entre sí.

La proporcionalidad ética y política es más amplia todavía. Pregunta si los medios, fines, duración, riesgos, costes y distribución de daños son justificables en conjunto. Puede incorporar derechos, efectos a largo plazo, desplazamiento, destrucción institucional, trauma, riesgos de escalada y posibilidad de una paz estable. No debe presentarse como una fórmula del derecho de los ataques. Un gobierno no puede defender una acción prohibida alegando que, en su cálculo social general, salvará más vidas; ni el cumplimiento de una regla puntual prueba que el proyecto político de intervención sea moralmente razonable.

Ejemplo construido. En una localidad ficticia, una estructura civil alberga también un punto desde el que se ha lanzado fuego contra las fuerzas de Liria. El equipo que decide debe verificar qué uso militar se realiza, qué civiles permanecen cerca, qué daño incidental puede esperarse, qué ventaja concreta se prevé y qué opciones menos peligrosas son factibles. El hecho de que el lugar tenga un uso militar no elimina las protecciones civiles ni convierte toda respuesta en proporcionada. Si la información cambia o la evaluación revela un daño esperado excesivo, la decisión de continuar debe revisarse. Desde fuera, un observador que solo conoce el resultado final no puede reconstruir automáticamente qué se sabía ni qué era factible; necesita evidencia sobre el proceso y las circunstancias.

484.4. Tecnologías, distancia y atribución#

La distancia entre quien decide y quien sufre una consecuencia puede ser física, temporal, organizativa o informativa. Herramientas de vigilancia, plataformas remotas, software de selección de objetivos y sistemas de comunicación transforman cómo se percibe y transmite información. No eliminan la responsabilidad por decisión humana ni hacen que una conducta sea lícita por ser tecnológicamente avanzada. Una pantalla puede ofrecer más datos y, a la vez, ocultar el contexto, las fuentes de error o el modo en que se clasificó a una persona. La cuestión ética no es si la tecnología es «buena» o «mala» en abstracto, sino qué capacidad habilita, qué incertidumbre introduce, quién puede cuestionarla y quién controla su uso.

El artículo 36 del Protocolo I obliga a cada parte contratante, al estudiar, desarrollar, adquirir o adoptar un arma, medio o método nuevo, a determinar si algún uso quedaría prohibido por el Protocolo u otra norma aplicable. No crea una autoridad mundial que certifique sistemas ni fija un método único de revisión; su implementación nacional debe comprobarse (Protocolo I, art. 36).

Las reglas de DIH siguen siendo pertinentes al uso de medios nuevos: distinción, prohibición de ataques indiscriminados, proporcionalidad y precauciones, entre otras, cuando sean aplicables. La dificultad puede residir en anticipar cómo un sistema se comporta en entornos distintos, qué datos recibe, cómo interactúa con supervisión humana o qué errores resultan detectables. No hay que convertir esa dificultad en una afirmación de que el derecho ya resolvió todas las preguntas sobre armas autónomas, inteligencia artificial o ataques cibernéticos. Los Estados discuten algunos de estos asuntos en foros multilaterales, pero una discusión diplomática o recomendación no equivale a una nueva prohibición vinculante para todos. El alcance depende del instrumento, la participación estatal y el momento de entrada en vigor; por eso este capítulo no etiqueta una tecnología como universalmente prohibida o permitida.

La atribución es otro punto vulnerable. Un registro digital puede indicar que una orden pasó por una cuenta o sistema; no demuestra siempre quién la emitió, qué autoridad tenía, qué sabía, si el registro es íntegro ni cómo se relaciona con el daño. Una cadena de mando formal puede diferir del control efectivo. Una persona que aporta un componente técnico no es automáticamente cómplice de un crimen: la responsabilidad penal exige una forma de participación y elementos mentales específicos. Del mismo modo, que una acción dependa de software no elimina la pregunta de quién tomó decisiones, quién podía intervenir y qué institución estableció los controles.

La atribución no es una competición por encontrar un solo culpable. Una investigación reconstruye decisiones, autoridad y contribuciones, evitando culpar solo a la persona visible o decir que «el sistema» actuó y nadie responde. Causalidad tecnológica, atribución estatal y culpabilidad individual son preguntas relacionadas con reglas diferentes.

Ejemplo construido. En la historia ficticia de Liria, una herramienta automatizada marca un edificio como posible objetivo militar basándose en datos incompletos. Un analista humano aprueba una recomendación, pero el registro de cambios es fragmentario. Una investigación rigurosa pregunta qué información recibió el sistema, cómo se validó, quién podía revisar la clasificación, qué advertencias aparecieron, qué autoridad conservaba cada participante y qué medidas eran razonables en ese momento. No concluye que el algoritmo tenga culpa penal ni que el analista sea culpable por haber hecho clic. Investiga si la conducta de personas y órganos satisface reglas identificables, preserva la evidencia y comunica los límites de lo que aún no se conoce.

484.5. Reparación, memoria y construcción de paz#

El fin de las hostilidades no devuelve de forma automática hogares, salud, vínculos, archivos, tierras ni confianza. La reparación comienza por reconocer qué se perdió, quién sufrió y qué obligaciones existen; no equivale a cerrar el asunto con una cifra. Puede incluir restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, según el marco aplicable y las circunstancias. Algunas pérdidas son parcialmente reparables; otras son irreversibles. Nombrar un límite no reduce el deber de responder: evita prometer una equivalencia ficticia.

Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre responsabilidad estatal describen reparación completa mediante restitución, compensación y satisfacción (arts. 31 y 34–37). La Asamblea General los anexó a la resolución 56/83; no son un tratado. Algunas reglas reflejan costumbre, pero no debe atribuirse ese estatus a cada detalle sin análisis. La responsabilidad requiere establecer conducta atribuible, obligación aplicable e incumplimiento (resolución 56/83, PDF oficial).

Tras condena, la CPI puede ordenar reparaciones contra la persona condenada, incluidas restitución, compensación y rehabilitación, y dispone de un Fondo Fiduciario para las Víctimas (Estatuto de Roma, arts. 75 y 79). Es un régimen específico y no sustituye mecanismos estatales ni garantiza reparación integral a todas las personas afectadas. Una indemnización individual tampoco responde por sí sola a la pérdida comunitaria o reemplaza atención médica (CPI, víctimas y reparaciones).

La memoria pública debe equilibrar reconocimiento, verdad, privacidad, seguridad y pluralidad de experiencias. Archivos y comisiones pueden aclarar patrones, pero también exponer personas o fijar una interpretación discutida. El relato responsable distingue hallazgos, testimonios y límites de acceso, protege identidades cuando hay riesgo y permite participar a quienes fueron afectados. Una conmemoración no crea por sí sola justicia ni obliga a perdonar.

La construcción de paz no se reduce a firmar un acuerdo ni a volver al orden previo. Puede requerir seguridad cotidiana, instituciones que respondan a quejas, acceso a servicios, retorno o integración de personas desplazadas, participación política, desarme bajo reglas legítimas y oportunidades económicas. El contenido concreto y su viabilidad dependen de los actores, el conflicto y el acuerdo; no hay una receta universal que garantice paz duradera. Las personas que sufrieron violencia no deben cargar con la tarea de reconciliar a la sociedad mientras quienes tuvieron poder evaden responsabilidad. La justicia penal, la verdad, la reparación y la negociación pueden complementarse, aunque en ocasiones existan tensiones prácticas y políticas.

En Liria, una propuesta de paz incluye detener ataques, permitir acceso humanitario, investigar abusos, registrar desaparecidos y crear un fondo de reconstrucción financiado por varias fuentes. Esas medidas no se vuelven justas por aparecer en un documento. Hay que preguntar quién las gobierna, qué recursos están asegurados, cómo se distribuyen, qué grupos quedan fuera, cómo se protegen las víctimas y qué ocurre si una parte incumple. Una promesa de reconstrucción sin presupuesto o mecanismo de revisión es una intención, no reparación garantizada. Una tregua que reduce muertes inmediatas tiene valor, pero puede dejar intactas las condiciones que permiten nueva violencia; por eso los avances deben evaluarse tanto por el cese de daño como por la capacidad institucional de sostener derechos.

La paz también obliga a enfrentar el legado de decisiones justificadas bajo presión. Revisar no es necesariamente condenar retroactivamente; permite aprender qué advertencias se ignoraron, qué controles fallaron y qué prácticas deben cambiar. Cuando una investigación concluye que no puede atribuir con confianza un hecho, debe explicar por qué: pérdida de evidencia, información contradictoria, falta de jurisdicción o imposibilidad de identificar el nivel de mando. La incertidumbre documentada no es absolución general ni acusación velada. Mantiene abierto el espacio para nueva evidencia y evita convertir la memoria colectiva en una sentencia sin proceso.

Ejemplo construido. Tras un alto el fuego ficticio, una comisión propone una placa común a todas las víctimas. Algunas familias quieren un monumento conjunto; otras solicitan que se nombre a quienes siguen desaparecidos y que primero se identifiquen restos. Una solución no presupone unanimidad ni fuerza reconciliación. Puede permitir varias formas de memoria, investigaciones continuadas, protección de datos personales y servicios para sobrevivientes. La diversidad de necesidades no elimina una obligación común de reconocer daños y evitar que el silencio institucional repita la exclusión.

La tesis inicial puede ahora precisarse. Justificar una guerra exige examinar por separado las reglas sobre recurrir a la fuerza y las razones morales de quienes deciden. Proteger personas exige aplicar el DIH sin convertir la causa invocada en excepción. Atribuir responsabilidad requiere distinguir Estado, persona, superior, institución y tecnología, y probar los elementos pertinentes. Construir paz exige reparación concreta, memoria cuidadosa y condiciones que puedan revisarse. Estas capas se relacionan porque una decisión puede producir consecuencias en todas; no se sustituyen entre sí porque cada una responde a una pregunta distinta.

Figura 484.1 — Cuatro planos de evaluación

Cuatro paneles separan el uso de la fuerza y la deliberación ética; la conducta bajo el derecho humanitario; la responsabilidad estatal, individual e institucional; y la reparación y construcción de paz.

La legalidad, la ética y la responsabilidad requieren pruebas distintas. Una causa invocada no suspende las protecciones del DIH, y cumplirlas tampoco resuelve las demás preguntas.

Síntesis#

  • La Carta de la ONU establece una prohibición general del uso de la fuerza entre Estados, con vías jurídicas concretas como las decisiones del Consejo de Seguridad y la legítima defensa sujeta a condiciones; el artículo 51 no es una autorización ilimitada.
  • El DIH regula la conducta durante los conflictos armados y protege a civiles y personas fuera de combate, con aplicación que depende del tipo de conflicto, del tratado y de la regla concreta. La causa de una parte no suspende esas obligaciones.
  • La proporcionalidad del ataque bajo DIH, la proporcionalidad de la legítima defensa y la evaluación ética o política general son pruebas distintas. Una no compensa la violación de otra.
  • Violencia sexual puede constituir infracción de DIH y crímenes bajo el Estatuto de Roma, pero las categorías y jurisdicción requieren elementos probados. Responsabilidad de mando no es responsabilidad automática por rango.
  • La tecnología modifica información, control y atribución; no decide por sí sola legalidad o culpabilidad. Reparación, memoria y paz deben responder a daños concretos sin prometer que toda pérdida pueda compensarse.

Preguntas de transferencia#

1. Un Estado afirma que cruzó una frontera para proteger a una población amenazada. ¿Qué preguntas debes hacer antes de evaluar la afirmación?

Mostrar respuesta razonada

Primero, separar la urgencia moral de la base jurídica: ¿hubo un ataque armado que active el artículo 51, existe una decisión aplicable del Consejo de Seguridad u otra base reconocida? ¿Qué evidencia sostiene la atribución y qué medidas se comunicaron al Consejo? Después, examinar necesidad y proporcionalidad en el plano de la legítima defensa, reconociendo controversias interpretativas si las hay. Por separado, preguntar si la acción respeta DIH durante el conflicto y qué alternativas, consecuencias y distribución de riesgos plantea la ética. La frase «proteger a civiles» no responde por sí sola ninguna de estas preguntas.

2. Una investigación encuentra daños civiles tras un ataque dirigido a una instalación con uso militar. ¿Qué permite y qué no permite concluir ese dato?

Respuesta razonada. El daño importa, pero no demuestra por sí solo ilicitud o licitud. Hay que establecer si el objetivo era militar, qué daño incidental podía preverse, qué ventaja concreta y directa se anticipaba, qué precauciones eran factibles y qué información había en ese momento. Separar ataque directo, daño incidental e indiscriminación evita usar el total de víctimas como fórmula automática o exigir conocimiento retrospectivo.

3. Una herramienta automatizada contribuye a identificar un objetivo y produce un resultado incorrecto. ¿A quién corresponde atribuir responsabilidad?

Respuesta razonada. No se puede contestar con el nombre de la herramienta ni con el cargo de una sola persona. Hay que reconstruir quién diseñó, aprobó, operó y supervisó el sistema; qué autoridad efectiva tenía cada quien; qué datos y advertencias recibieron; qué controles estaban disponibles; y qué relación tuvo cada conducta con el daño. La atribución estatal, la posible responsabilidad penal individual y la responsabilidad institucional tienen pruebas diferentes. La equivocación tecnológica no prueba automáticamente crimen, pero tampoco exonera a quienes tenían obligaciones de verificar y tomar precauciones.

4. Tras una tregua, las autoridades ofrecen una compensación monetaria única a quienes perdieron vivienda y familiares. ¿Qué preguntas ayudan a determinar si responde al daño?

Respuesta razonada. Hay que identificar quiénes son elegibles, quién determina la pérdida, cómo se distribuyen fondos, si la medida reconoce daño y responsabilidad, y qué apoyos no monetarios hacen falta: restitución posible, salud, identificación de personas desaparecidas, rehabilitación o memoria. Debe distinguirse la reparación estatal general de las reparaciones específicas que la CPI puede ordenar contra una persona condenada. También se pregunta qué pérdidas no pueden compensarse y qué garantías, presupuesto y mecanismos de queja reducirán la repetición. La oferta es un componente posible, no prueba de que el daño haya quedado reparado.

Fuentes y lecturas del capítulo#

Nota de alcance y claims sensibles#

Fecha de corte: 8 de octubre de 2026. El manuscrito formula reglas generales de tratados y jurisprudencia oficial, pero no es dictamen jurídico ni evalúa una operación real. Deben verificarse nuevamente al integrar: (1) condición de Estado parte, reservas y declaraciones aplicables a Protocolo I/II y Estatuto de Roma; (2) las exclusiones específicas para agresión de los arts. 15 bis y 15 ter, las ratificaciones y cualquier enmienda posterior; (3) resoluciones concretas del Consejo de Seguridad; (4) hechos, clasificación del conflicto, jurisdicción temporal y territorial, y evidencia de cada incidente; (5) estado de discusiones diplomáticas y entrada en vigor de instrumentos sobre tecnologías. El artículo 36 se describe según el texto del Protocolo I y no como mandato universal independiente de tratado. Las categorías de violencia sexual y responsabilidad se atribuyen a normas específicas, no a toda denuncia ni a toda conducta. La proporcionalidad del ataque, la de legítima defensa y el juicio político-moral se mantienen separados. La figura visual final se renderizó de forma plana desde un SVG semántico y fue cotejada a 1000/960/640 px y 390 px; la salida inicial de ImageGen con textura fue rechazada y se conserva archivada.

Bibliografía de la parte XLIV · Bibliografía general

Última revisión editorial
Cierre de contenidos