PARTE XLIV · Ética aplicada: responsabilidades en sistemas reales
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Ética de la salud y los cuidados
Cuidar exige atender a la voluntad de cada persona y a las condiciones colectivas que hacen posible o limitan sus opciones
En este capítulo
Ejemplo construido. Después de una intervención, una persona debe elegir entre dos tratamientos: uno ofrece más probabilidad de controlar la enfermedad, pero puede causar efectos que interfieran con su trabajo y su vida familiar; el otro tiene menor carga inmediata y más incertidumbre. El equipo dispone de evidencia clínica, pero no sabe todavía qué consecuencias considera tolerables la persona. Explicar resultados sin preguntar por sus prioridades no basta para decidir con ella.
La ética de la salud comienza en encuentros concretos, pero no termina allí. La disponibilidad de profesionales, el coste, las reglas de cobertura y las medidas de prevención colectiva determinan qué opciones llegan a existir. Una decisión puede respetar la voluntad individual y, al mismo tiempo, depender de un sistema que distribuye oportunidades de manera injusta. También puede proteger a una población imponiendo cargas que recaen sobre todo en quienes tienen menos recursos.
La pregunta guía es: ¿qué hace justificables las decisiones sobre atención y cuidado cuando autonomía, necesidades, recursos compartidos y protección de la población reclaman cosas distintas? El capítulo 478, «Deliberar sobre un problema moral», ofrece un método general que aquí se aplica a la salud. El capítulo 110, «Sistemas sanitarios: atención, financiación y coordinación», explica la organización y financiación; el 114, «Discapacidad, rehabilitación y cuidados», desarrolla funcionamiento, barreras y apoyos; y el 115, «Enfermedad grave, muerte y cuidados al final de la vida», trata la trayectoria clínica y el marco jurídico variable. El propósito no es repetir esos análisis, sino aclarar las responsabilidades morales que atraviesan sus decisiones.
480.1. Autonomía, protección y decisiones compartidas#
En una consulta, la evidencia clínica describe qué resultados son más o menos probables para grupos de personas. No determina por sí sola qué resultado debe elegir alguien cuya vida, tolerancia a efectos adversos y prioridades pueden diferir de las de quienes participaron en los estudios. Una recomendación profesional ayuda a interpretar la evidencia; no vuelve irrelevantes los objetivos de la persona.
La decisión compartida pone en relación dos conocimientos distintos. El profesional aporta comprensión clínica de opciones, beneficios, riesgos e incertidumbres. La persona aporta experiencia de su situación, compromisos, preferencias y lo que considera una vida aceptable. La conversación sirve para aclarar esas perspectivas y llegar a una decisión acorde con ellas, incluida la opción de esperar o no intervenir cuando sea clínicamente posible. Compartir la decisión no significa que ambas partes tengan idénticas funciones, ni que todo tratamiento solicitado sea indicado o esté disponible.
Para participar, alguien necesita información comprensible y tiempo razonable para considerarla. Los porcentajes pueden aclarar diferencias entre opciones, pero deben referirse al desenlace, periodo y población pertinentes. «Un riesgo del diez por ciento» dice poco si no se sabe de qué evento se habla, durante cuánto tiempo y frente a qué alternativa. Cuando la evidencia no distingue bien entre opciones, expresarlo con honestidad es mejor que disfrazar incertidumbre como certeza.
La autonomía no es aislamiento. Una persona puede querer consultar a familiares, apoyarse en alguien de confianza, usar comunicación aumentativa, recibir información en otro idioma o tener varias conversaciones. Esos apoyos amplían la participación si siguen la voluntad de la persona y no la reemplazan de manera automática. La discapacidad, la edad, un diagnóstico o el modo de comunicarse no permiten inferir por sí solos que alguien no pueda decidir.
También existe una tensión legítima entre respetar una elección y evitar un daño grave. Una intervención protectora necesita explicar qué daño intenta prevenir, qué evidencia lo sustenta y por qué no basta una alternativa menos intrusiva. La preocupación de familiares o profesionales puede ser valiosa; no convierte por sí misma la preferencia de la persona en un error que otros tengan derecho a corregir. Un marco funcional usado, por ejemplo, en Inglaterra y Gales examina si la persona puede comprender, retener, usar o ponderar la información pertinente y comunicar una decisión concreta (Mental Capacity Act 2005, § 3; guía NICE NG108). Es un ejemplo jurisdiccional, no una prueba legal universal. Valorar aptitud para una decisión clínica no es lo mismo que reconocer capacidad jurídica en igualdad de condiciones. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad exige a sus Estados parte reconocer esa capacidad y facilitar apoyos y salvaguardas; la legislación nacional regula procedimientos y representación, pero no debe usarse para convertir un diagnóstico o una necesidad de apoyo en una presunción automática de incapacidad.
El consentimiento para la atención clínica y el consentimiento para participar en investigación comparten la importancia de la información y la voluntariedad, pero responden a relaciones y reglas diferentes. El capítulo 479, «Bioética e investigación con personas», aborda la participación en investigación; sus procedimientos no deben trasladarse sin distinción a cada conversación asistencial. En ambos ámbitos, una firma aislada no demuestra que se haya entendido lo esencial ni que la elección estuviera libre de presión.
480.2. Distribución de recursos y acceso#
Una lista de servicios cubiertos puede parecer universal y seguir dejando a personas sin atención. La distancia, el tiempo de espera, los gastos indirectos, la falta de profesionales, la discriminación o una comunicación inaccesible pueden convertir una prestación formal en una opción impracticable. Por eso, el acceso no se mide solo por lo que una institución promete: importa quién logra recibir una atención oportuna y de calidad sin sufrir dificultades financieras.
Los recursos sanitarios tienen límites: tiempo de profesionales, camas, medicamentos, presupuesto e infraestructura. Elegir un uso implica dejar otro sin esos recursos. Esa restricción material explica por qué se fijan prioridades; no determina qué prioridad es justa. La costo-efectividad puede estimar cuánta salud se obtiene en relación con los recursos, pero no resuelve por sí sola cómo tratar la gravedad, la necesidad, las desventajas previas, los derechos o la incertidumbre. Una política basada en un único promedio puede ocultar a quién beneficia y a quién excluye.
Las decisiones de cobertura y las decisiones al lado de una cama ocurren a escalas distintas. Un gobierno o asegurador define qué servicios financia para una población. Un equipo puede tener que asignar una plaza escasa entre varias personas en una situación concreta. Como distinción analítica, conviene no trasladar automáticamente criterios de política poblacional al triaje individual: el contexto, la evidencia pertinente, las obligaciones profesionales, las alternativas y las consecuencias pueden cambiar. Esto no prescribe una regla clínica universal; señala por qué hay que examinar quién decide y bajo qué responsabilidades. El capítulo 110 desarrolla las estructuras y formas de racionamiento; aquí importa advertir que una regla de asignación debe justificar tanto su criterio como sus efectos distributivos.
La Organización Mundial de la Salud propone que las decisiones sobre paquetes de servicios sean sistemáticas, informadas por evidencia y transparentes. Su informe sobre cobertura universal considera, entre otros elementos, la efectividad, la prioridad a personas peor situadas y la protección frente a gastos que empobrecen; también recomienda participación, rendición de cuentas y seguimiento. Son criterios para deliberar y diseñar políticas, no una fórmula matemática que produzca una única respuesta correcta para todos los países o todos los casos.
Un proceso justo debe permitir conocer las razones, impugnar errores y revisar decisiones cuando aparece nueva evidencia o cambian las necesidades. La transparencia facilita el escrutinio, pero no basta si las personas afectadas no pueden intervenir o si una regla formal conserva desigualdades previsibles. Tampoco un procedimiento respetuoso vuelve justa cualquier distribución. Razones públicas y resultados distributivos deben examinarse juntos.
El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud no es una promesa de que toda persona estará sana. Incluye condiciones que permiten vivir con salud y el acceso a servicios, bienes e instalaciones necesarios. Para los Estados parte del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales implica deberes de respetar, proteger y cumplir; algunos, como la no discriminación, son inmediatos, mientras que la ampliación progresiva exige medidas deliberadas y concretas dentro de las obligaciones del Pacto. No garantiza todo tratamiento imaginable ni convierte la falta de recursos en una excusa para abandonar obligaciones. El alcance jurídico depende de los instrumentos ratificados y de las leyes de cada país.
480.3. Dependencia, discapacidad y cuidado#
Recibir ayuda para ciertas actividades no significa ceder todas las decisiones sobre la propia vida. Una persona puede necesitar apoyo físico, supervisión o asistencia para comunicarse y conservar preferencias claras sobre horarios, intimidad, alimentación, riesgos aceptables y quién participa en su atención. El tipo de apoyo necesario no define de antemano cuánto puede elegir.
En la práctica, las opciones dependen también del entorno. Un formato inaccesible, una cita demasiado breve, la falta de intérprete o la ausencia de apoyos pueden hacer que una preferencia no se escuche o que una decisión se atribuya a otra persona. Antes de concluir que alguien no puede participar, conviene preguntar qué barrera puede removerse, qué forma de comunicación funciona y quién debería estar presente según lo que desea la persona. Las garantías legales sobre capacidad y representación varían; el capítulo 114 desarrolla los modelos de discapacidad y la organización de apoyos.
El cuidado es una relación, pero también trabajo que consume tiempo, energía y recursos. Familiares, amistades y profesionales pueden sostener una vida cotidiana, advertir cambios y facilitar decisiones. En cuidadores informales, la atención frecuente o intensa puede afectar la salud y el bienestar; la ficha de la OMS Europa documenta este impacto en su contexto regional, no como estimación universal (OMS Europa, ficha sobre cuidadores). Reconocer sus necesidades no convierte a la persona que recibe cuidado en una carga ni autoriza a quien cuida a decidir unilateralmente. Las instituciones tienen responsabilidades sobre condiciones laborales, continuidad, formación y protección frente al abuso.
La responsabilidad se distribuye entre la persona, sus redes elegidas, profesionales, organizaciones y autoridades, aunque no por igual. Cuanto mayor sea el poder para organizar servicios o reducir riesgos, mayor es la obligación de explicar decisiones y corregir barreras evitables. Una política que depende del trabajo familiar no remunerado puede parecer económica y trasladar su coste a hogares que no tienen tiempo, dinero o salud para sostenerlo.
Una ética del cuidado atiende la dependencia, la confianza, las necesidades concretas y la continuidad de las relaciones. No exige que todo se resuelva dentro de la familia ni sustituye la igualdad de derechos por benevolencia. El respeto incluye poder expresar desacuerdo, privacidad, acceso a apoyos y posibilidad de revisar arreglos que dejaron de funcionar. Quienes reciben y quienes brindan cuidados necesitan participar en decisiones que afectan sus vidas, dentro de sus respectivos derechos y responsabilidades.
480.4. Final de la vida y atención centrada en la persona#
Cuando una enfermedad avanza, las decisiones no se reducen a elegir entre hacer todo o abandonar. Puede haber tratamientos que prolonguen la vida, intervenciones dirigidas a síntomas, apoyos prácticos y cambios en objetivos; algunos pueden coexistir. La pregunta clínica es qué beneficio cabe esperar para esta persona, con qué grado de incertidumbre y a qué coste físico, psicológico o social. La pregunta ética incluye cómo interpretar sus preferencias y qué hacer cuando cambian o parecen entrar en conflicto.
Planificar con anticipación puede ayudar a que la atención futura se acerque a lo que alguien valora si más adelante no puede expresarlo. Una conversación no predice perfectamente cada situación. Conviene registrar objetivos, personas de confianza y condiciones que podrían llevar a revisar una preferencia, y volver a hablar cuando cambian el pronóstico o las opciones. Los documentos y representantes se rigen por normas locales; ninguno debe tratarse como sustituto automático de la conversación posible en el presente.
La atención paliativa busca prevenir y aliviar sufrimiento y apoyar a pacientes y personas cercanas. Puede ofrecerse junto con tratamientos dirigidos a la enfermedad y no es sinónimo de los últimos días. La disponibilidad de alivio, comunicación, apoyo psicosocial y acompañamiento determina qué decisiones son realmente posibles: rechazar una terapia por no tolerar sus efectos tiene otro contexto si se dispone de alternativas y cuidados que si se deja a alguien sin apoyo.
Una intervención puede ser técnicamente posible y, sin embargo, no aportar un beneficio que la persona valore o imponerle una carga desproporcionada. Limitar o retirar un tratamiento debe acompañarse de comunicación, alivio de síntomas y continuidad asistencial. No equivale a dejar de cuidar. Distinguir esas decisiones de la sedación paliativa y de la ayuda médica para morir exige términos precisos y, para cualquier cuestión legal, la jurisdicción correspondiente. El capítulo 115 presenta con más amplitud las prácticas clínicas, el duelo y la variación jurídica; aquí basta retener que los objetivos de la persona, la evidencia y las obligaciones de cuidado deben permanecer visibles en cada transición.
480.5. Conflictos entre bienestar individual y salud pública#
Una política de salud pública puede proteger a otras personas al reducir exposición a un riesgo, compartir información o modificar temporalmente conductas. También puede limitar privacidad, movilidad, trabajo o acceso a ciertos espacios. El bien colectivo no es una entidad separada de las personas: el daño evitado, el beneficio y las restricciones se distribuyen entre grupos concretos.
Como marco ético, antes de limitar una libertad conviene establecer qué problema se intenta resolver y qué evidencia indica que una medida puede hacerlo. La urgencia y la incertidumbre importan, pero no eliminan la obligación de explicar supuestos y límites. Si una opción menos restrictiva puede alcanzar el objetivo con eficacia comparable, suele merecer consideración prioritaria. Si no, la medida más intensa aún requiere razones proporcionales a su beneficio esperado, duración y distribución de cargas. En el plano jurídico, los requisitos dependen del derecho aplicable y de la jurisdicción; los Principios de Siracusa ofrecen orientación interpretativa para las cláusulas de limitación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero no son una ley mundial autónoma.
La equidad modifica la evaluación. Una restricción idéntica puede tener consecuencias distintas para una persona con vivienda segura, ingreso estable y posibilidad de trabajar a distancia que para alguien que depende de un salario diario o no puede aislarse sin ayuda. Proveer apoyos materiales, accesibilidad e información comprensible no es un añadido separado: puede hacer que una medida sea practicable y repartir sus costes con más justicia.
La vigilancia de enfermedades muestra una tensión semejante. Recoger información puede permitir detectar patrones y orientar una respuesta, pero los datos personales también pueden exponer a estigma, discriminación o usos no previstos. La finalidad, la necesidad, quién accede, cuánto tiempo se conservan los datos y qué salvaguardas existen deben quedar delimitados. Las directrices de la OMS sobre vigilancia ofrecen orientación ética; no sustituyen la ley que rige en cada lugar ni conceden por sí solas autorización para recopilar información.
Participación comunitaria y rendición de cuentas ayudan a revelar efectos que una autoridad puede pasar por alto. Una decisión excepcional necesita condiciones de inicio, indicadores para observar efectos, una fecha o criterio de revisión y un modo de impugnar daños. Revisarla ante nueva evidencia no vuelve arbitraria la política; mantenerla sin comprobar sus resultados sí debilita su justificación.
No existe una regla que haga desaparecer toda tensión entre libertad y protección. La justificación se fortalece cuando una medida responde a un riesgo demostrado, persigue un fin legítimo, usa medios eficaces y proporcionados, explica quién soporta sus cargas, incluye apoyos y se revisa. Si esas condiciones fallan, la apelación a la salud colectiva puede encubrir coerción o discriminación.
Síntesis#
Las decisiones de salud combinan evidencia clínica, objetivos de la persona y condiciones institucionales. La decisión compartida necesita información comprensible y apoyos; la justicia distributiva requiere mirar más allá de promedios y cobertura formal; el cuidado reconoce dependencias sin borrar autonomía ni trasladar obligaciones de manera invisible. Al final de la vida y en salud pública, las razones deben incluir incertidumbre, alternativas, cargas, derechos y revisión. Ningún principio aislado sustituye el examen de quién decide, a quién afecta y qué opciones reales existen.
Preguntas de transferencia#
Si un tratamiento produce más beneficio promedio, ¿debe elegirse para cada persona?#
No necesariamente. El promedio describe resultados de un grupo; importan las alternativas disponibles, la incertidumbre y los objetivos y circunstancias de quien decide.
¿Un servicio incluido en la cobertura está efectivamente disponible para todos?#
No. Distancia, espera, precio indirecto, accesibilidad y discriminación pueden impedir el acceso. La cobertura formal necesita evaluarse junto con uso, oportunidad y calidad.
¿Necesitar ayuda para decidir autoriza a otra persona a decidir en su lugar?#
No automáticamente. Primero se examinan apoyos y preferencias. Las reglas para situaciones en que la persona no puede decidir dependen de la jurisdicción y requieren salvaguardas.
¿Una medida que beneficia a la población puede ignorar las cargas individuales?#
No. La evaluación debe identificar a quién beneficia, quién soporta costes o restricciones, si existe una alternativa eficaz menos gravosa y cómo se revisará la medida.
Fuentes y lecturas del capítulo#
- UNESCO. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. Adoptada en 2005; principios de autonomía, vulnerabilidad, igualdad, solidaridad y responsabilidad social. UNESCO explica que sus declaraciones no están sujetas a ratificación ni son vinculantes en derecho internacional (marco de instrumentos declarativos).
- Naciones Unidas. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 2006; en vigor desde 2008. Véanse los artículos 12, 19 y 25. Sus obligaciones corresponden a los Estados parte.
- Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. General comment No. 1 (2014), Article 12: Equal recognition before the law. Interpretación del artículo 12 y de las obligaciones de igualdad ante la ley y acceso a apoyos; debe leerse como interpretación del Comité, no como sustituto del texto del tratado.
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. General Comment No. 14: The right to the highest attainable standard of health. E/C.12/2000/4, 2000. Interpretación del derecho a la salud y sus dimensiones; no constituye una garantía ilimitada de servicios.
- Naciones Unidas. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Adoptado el 16-12-1966, en vigor desde 03-01-1976. Texto del tratado al que se refiere la Observación general 14; su alcance jurídico depende de la ratificación y aplicación en cada jurisdicción.
- World Health Organization. Making fair choices on the path to universal health coverage. Informe del grupo consultivo sobre equidad y cobertura universal, 2014. Criterios de priorización, protección financiera, participación y rendición de cuentas.
- World Health Organization. Principles of health benefit packages. 2021. Principios para seleccionar servicios con evidencia y transparencia; orientación de política, no regla de asignación individual.
- World Health Organization. Universal health coverage. Definición y dimensiones de cobertura universal; consulta: 2026-10-08.
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Shared decision making (NG197). Guía publicada el 17-06-2021 sobre opciones, riesgos, beneficios, consecuencias, preferencias, apoyos y revisión de decisiones. Su ámbito es la práctica guiada por NICE en Inglaterra; no constituye una ley ni una norma universal.
- OMS Europa. Caregiving impacts on unpaid informal carers’ health and well-being: a gender perspective, ficha de 2022 sobre impactos en cuidadores informales; alcance regional europeo.
- World Health Organization. Palliative care. Ficha técnica, 2020; principios de alivio temprano, atención integral y apoyo a pacientes y cuidadores.
- Council of Europe Committee on Bioethics. Guide on the decision-making process regarding medical treatment in end-of-life situations. 2014. Guía orientativa europea sobre decisiones de tratamiento al final de la vida.
- World Health Organization. WHO guidelines on ethical issues in public health surveillance. 2017. Orientación ética sobre vigilancia, privacidad, equidad y bien común; no reemplaza la legislación aplicable.
- World Health Organization. Ethics and vector-borne diseases: WHO guidance. 2020. Orientación temática para ponderar riesgos, beneficios, participación y alternativas menos restrictivas.
- Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights. Documento E/CN.4/1985/4, 1985. Principios interpretativos sobre límites a derechos bajo el Pacto; no son un tratado ni una norma autónoma vinculante.
- Council of Europe. The Oviedo Convention and human rights principles regarding health. Convención sobre derechos humanos y biomedicina, abierta a firma en 1997 y en vigor desde 1999; vinculante para sus Estados parte.

Clave de lectura. Los marcos se influyen mutuamente. La figura organiza preguntas para deliberar; no asigna pesos ni determina una única respuesta.