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PARTE XLIX · Historia mundial: trayectorias regionales desde 1500

555

Australia y Aotearoa Nueva Zelanda: colonización, sociedad y soberanía indígena, 1788–presente

Territorio, instituciones y reconocimiento indígena en dos colonias de asentamiento británicas

Capítulo 555 · 529 capítulos publicados

En este capítulo

En enero de 1788 la Primera Flota británica fundó una colonia penal en la ribera de Sídney Cove, dentro del puerto que la flota eligió tras descartar la bahía de Botany. En torno a esa ribera vivían decenas de pueblos aborígenes con lenguas, parentescos y economías propias, y en esa misma costa no había compraventa ni pacto alguno que transfiriera la tierra a la Corona. Cincuenta y dos años después, en febrero de 1840, jefes Māori y un comisionado británico firmaron en Waitangi un tratado que la Corona presentó como fundamento de su autoridad sobre Aotearoa. Los dos arranques comparten imperio, lengua y siglo, pero no las condiciones en que se produjeron: en Australia la colonia llegó como prisión y como asentamiento; en Aotearoa la anexión vino acompañada de un texto firmado por partes que se reconocían mutuamente como autoridad, aunque el documento se redactara en dos versiones que no dicen exactamente lo mismo.

De esos puntos de partida salieron dos sociedades que, en poco más de un siglo, se convirtieron en economías exportadoras integradas en el mercado británico y en democracias parlamentarias con autogobierno, mientras las sociedades indígenas perdían tierra, autonomía y una parte enorme de su población. La transformación tuvo una tercera vertiente, más tardía: desde mediados del siglo XX, y sobre todo desde la década de 1970, ambos Estados empezaron a reconocer, por vías distintas, derechos y reclamaciones que antes habían negado. Este capítulo recorre ese arco en cuatro momentos: la colonización de asentamiento y las experiencias de los pueblos aborígenes, de las islas del Estrecho de Torres y de los Māori; la tierra, el trabajo, la migración y la formación de las instituciones coloniales; la ciudadanía, las políticas de asimilación y los movimientos por derechos; y el reconocimiento, la soberanía y la memoria en el presente. Las sociedades oceánicas descritas en el capítulo 69 ofrecen el marco anterior; el capítulo 556 continuará el relato hacia las islas del Pacífico insular. La fecha de corte de contenidos de esta obra es el 31 de octubre de 2026.

555.1. Colonización de asentamiento y experiencias de los pueblos aborígenes y maoríes#

La colonización de asentamiento no se limitó a administrar o explotar territorios ajenos, como hicieron los imperios de conquista y comercio estudiados en los capítulos 520 a 522 y 541: su estructura fue asentar población de origen europeo de forma permanente sobre la tierra de sociedades nativas. Esa lógica explica por qué la tierra, y no solo sus productos, estuvo en el centro del conflicto. Tres mecanismos actuaron combinados: la ocupación efectiva por colonos, ganaderos y mineros; el derecho colonial, que definió qué títulos existían y quién podía probarlos; y las epidemias, la violencia y la presión sobre el sustento, que redujeron la capacidad de las sociedades indígenas de sostener sus territorios. Ninguno operó igual en todas las regiones ni entre todos los pueblos, de ahí la necesidad de separar el patrón general de las trayectorias concretas.

En Australia, la sociedad penal nacida en 1788 se convirtió rápidamente en sociedad de asentamiento: el transporte de condenados cesó en Nueva Gales del Sur en 1840, en Tasmania en 1853 y en Australia Occidental en 1868, mientras llegaban colonos libres, ganaderos y buscadores de oro. La tierra se ocupó sin tratado ni compra en la mayor parte del territorio, y el derecho colonial partió de una premisa que la jurisprudencia resumiría más tarde como terra nullius: la tierra no tenía dueños anteriores reconocibles. Una epidemia de viruela documentada en 1789 diezmó a las comunidades de la región de Sídney, y a ella siguieron otras; sobre esa base avanzó la expansión ganadera, que empujó a muchos pueblos del interior hacia reservas, misiones y márgenes de las estancias. La historiografía, con Henry Reynolds y Richard Broome a la cabeza, documenta violencia fronteriza y resistencia continuadas hasta bien entrado el siglo XX en algunas regiones.

Las diferencias regionales fueron grandes. En Tasmania, la guerra fronteriza del siglo XIX y el confinamiento de sobrevivientes en islas apartadas marcaron un caso extremo, aunque las comunidades aborígenes tasmanianas sobrevivieron y siguen presentes. En el norte y en las zonas áridas la colonización llegó después y encontró mayor capacidad de respuesta. Hacia 1835, colonos negociaron un documento con dirigentes Kulin cerca de la bahía de Port Phillip, en el emplazamiento del actual Melbourne; el gobernador lo desautorizó y reafirmó el título de la Corona. Ese episodio explica por qué en Australia no existe un tratado nacional de cesión: los acuerdos puntuales de aquel periodo no fueron reconocidos por el poder colonial como límite a su soberanía.

Los pueblos aborígenes no constituyen una unidad. Antes de 1788 existían cientos de grupos con lenguas propias, alianzas cambiantes y economías distintas, desde la caza y la recolección hasta el cultivo en el norte húmedo. A ellos se añaden los pueblos de las islas del Estrecho de Torres, con parentescos y prácticas marítimas vinculados a Melanesia, que quedaron bajo la administración colonial de Queensland a finales del siglo XIX y no pueden tratarse como una variante del conjunto aborigen. El caso que abrió el reconocimiento del título indígena en los tribunales, resuelto en 1992, fue además promovido por un hombre meriam de la isla de Mer, en el Estrecho de Torres: la trayectoria jurídica posterior a la colonización empezó, en buena medida, fuera del continente.

Aotearoa entró en la órbita británica por otras vías y en otro momento. Balleneros, traficantes y misioneros —los primeros, de la Iglesia de la Misión de Londres, se establecieron en 1814— frecuentaron sus costas desde fines del siglo XVIII; el comercio trajo mosquetes, que reordenaron las relaciones entre hapū y alimentaron conflictos antes de 1840. Los Māori eran entonces claramente mayoría sobre los europeos asentados, y eso condicionó el tipo de colonización: la Corona procedió por compras de tierra, por ley y, cuando hubo resistencia organizada, por la guerra, en lugar de negar por completo la existencia de dueños anteriores.

El tratado firmado en febrero de 1840 se redactó en dos versiones, maorí e inglesa, que no son equivalentes. En el texto Māori, el artículo 1 concede kawanatanga —un concepto de gobernación o autoridad pública— a la Corona, mientras que la versión inglesa habla de sovereignty; el artículo 2 garantiza rangatiratanga —autoridad de los jefes sobre sus dominios— junto con la posesión de tierras, aldeas y medios de subsistencia; el artículo 3 equipara a los Māori a los súbditos británicos. Las interpretaciones de esa divergencia siguen sin resolverse: en su informe de 2014 sobre la investigación de Te Paparahi o Te Raki, el Tribunal concluyó que los rangatira que firmaron en la bahía de las Islas y Hokianga en febrero de 1840 no cedieron la soberanía. Esa conclusión se refiere a esos signatarios y a esa región; no resuelve la situación de todos los iwi ni determina por sí misma quién ejerce hoy la soberanía. Estas diferencias no se disuelven con una traducción única, de modo que este capítulo las describe en lugar de resolverlas. Sea cual fuere el texto, el resultado material fue análogo en ambos casos: la tierra indígena pasó a manos coloniales; lo que cambió fue el instrumento jurídico con que se hizo y, con él, las vías de reclamación posteriores.

555.2. Tierra, trabajo, migración y formación de instituciones coloniales#

La tierra que describe la sección anterior se convirtió en la base económica de ambas sociedades, y su distribución organizó el trabajo y las instituciones. En Australia, los primeros ocupantes de extensiones alejadas de los núcleos urbanos fueron pastores sin título que arrendaron o simplemente ocuparon enormes superficies para criar ovejas; la lana se convirtió en el principal producto de exportación del siglo XIX. Las legislaturas coloniales respondieron con leyes de selección que, en las décadas de 1860 y 1870, intentaron repartir tierras de la Corona entre pequeños agricultores, con un resultado desigual: tierra buena y acceso al agua quedaron con frecuencia en manos de los grandes propietarios.

La búsqueda de oro, a partir de 1851, añadió un componente migratorio decisivo: llegó mano de obra de las islas británicas, de China y de otras partes, y las colonias respondieron con impuestos y restricciones específicamente dirigidos a los migrantes chinos, antecedente directo de la política de «Australia blanca» que la nueva Federación convirtió en ley en 1901. En Queensland, las plantaciones de azúcar reclutaron trabajadores de las islas del Pacífico bajo contratos que las fuentes de la época y la historiografía describen como coactivos, y una ley federal de 1901 ordenó su repatriación; el patrón regional más amplio de comercio y trabajo forzado en el Pacífico corresponde al capítulo 556. Cerrar las fronteras a la mano de obra china y polinesia mientras se abría el territorio a los colonos europeos fue la misma política vista por sus dos caras.

Sobre esa base se construyó el andamiaje institucional. Durante la década de 1850 varias colonias obtuvieron gobiernos responsables con parlamentos elegidos, y en 1901 seis colonias se federaron en el Commonwealth de Australia, con una Constitución que repartió poder entre el gobierno federal y los Estados. Los fundadores del nuevo Estado combinaron sufragio amplio —la ley de sufragio de 1902 dio a las mujeres el voto federal— con exclusiones explícitas: la potestad federal de legislar sobre razas se redactó excluyendo a la población aborigen, que quedó así reservada a los Estados hasta la reforma de 1967, y los criterios raciales siguieron presentes en la inmigración.

En Aotearoa, el Estado colonial convirtió las compras de tierra en un sistema. Los tribunales de tierra Māori, organizados en la década de 1860, dividieron la propiedad colectiva en títulos individuales que podían enajenarse, de modo que gran parte de la tierra Māori terminó en manos de colonos mediante procedimientos que favorecían a quien sabía leer la ley y podía pagar costas. A ello se sumaron las confiscaciones autorizadas por la ley de 1863 tras las guerras de la década de 1860, especialmente en Waikato. El resultado, que James Belich y Claudia Orange documentan desde ángulos distintos, fue una transferencia masiva pero no instantánea: la propiedad Māori pasó de cubrir casi el conjunto del archipiélago a una fracción reducida en poco más de medio siglo.

La economía siguió el mismo impulso exportador: lana y, después, carne y lácteos refrigerados —el primer envío con éxito a Gran Bretaña se realizó en 1882—, oro en Otago y en la Costa Oeste desde la década de 1860, y pastoreo extensivo. Las instituciones coloniales neozelandesas se formaron temprano y con rasgos propios: gobierno responsable en 1856, cuatro escaños reservados para representantes Māori en 1867, sufragio femenino en 1893, arbitraje obligatorio entre patronos y obreros en 1894 y pensión de vejez en 1898; en 1907 la colonia pasó a dominio dentro del Imperio. Nueva Zelanda fue pequeña, con escasez de mano de obra y una población Māori numerosa, lo que explica tanto esa legislación social temprana como la presión constante por incorporar tierra y trabajadores al modelo exportador.

Después de 1945, ambos países dependieron de la migración para crecer. Australia organizó programas de inmigración asistida bajo el lema de «poblarnos o perecer», con llegadas primero del Reino Unido y del sur de Europa y, más tarde, de Asia y otras regiones; los criterios raciales se abandonaron en la década de 1970 y el informe Galbally de 1978 sentó las bases de una política multicultural. Nueva Zelanda atrajo trabajadores británicos y, sobre todo, migrantes de Samoa, Tonga y otras islas del Pacífico, con episodios de repatriación forzosa entre 1974 y 1976 que marcaron a esas comunidades. El factor común de fondo fue comercial: cuando el Reino Unido entró en la Comunidad Económica Europea en 1973, ambos países tuvieron que reorientar sus exportaciones hacia Asia, Estados Unidos y Oriente Medio, y con ellas su modelo de crecimiento. Lo que la tierra y el trabajo no resolvieron —quién era ciudadano, quién decidía y qué derechos correspondían al pueblo desplazado— es el objeto de la sección siguiente.

555.3. Ciudadanía, políticas de asimilación, resistencia y movimientos por derechos#

La incorporación formal de los pueblos indígenas a la condición de ciudadanos fue lenta y desigual. Los Māori eran súbditos británicos desde 1840 por el artículo 3 del tratado y podían tener representación parlamentaria propia desde 1867; en Australia, en cambio, la situación variaba por Estado y la administración tutelar impedía el ejercicio pleno de derechos. La ciudadanía nacional australiana solo se creó en 1948 y entró en vigor en 1949, separando la condición de ciudadano de la de súbdito británico, y Nueva Zelanda fundó la suya en el mismo periodo. Hasta entonces, la lealtad institucional se dirigía a la Corona y los asuntos indígenas se administraban por vía tutelar, sin participación de las comunidades en las decisiones que las afectaban.

En Australia, las colonias —y más tarde los Estados— crearon protectorados y comisiones que administraban la vida de las personas clasificadas como aborígenes: residencia en reservas o misiones, movilización del trabajo, control de salarios, autorización de matrimonios y, sobre todo, potestad sobre los niños. Ese andamiaje fue la base material de las políticas de asimilación que, a partir de la posguerra, fijaron como objetivo declarado —hacia comienzos de la década de 1960— la incorporación de los indígenas a la sociedad general mediante el abandono de la lengua, la comunidad y la cultura propias. Nueva Zelanda no replicó un sistema de protectorados idéntico, pero aplicó asimilación por otras vías: la ley de escuelas nativas de 1867 exigía la enseñanza en inglés, y las compras de tierra y los tribunales completaron el trabajo de separación.

La medida más destructiva de esa lógica fue la separación de niños de sus familias. En Australia, las retiradas sistemáticas —denominadas Generaciones Robadas— ocurrieron durante décadas, con intensidad variable entre los Estados, y separaron a menores de sus padres para educarlos en instituciones o en hogares europeos, con la expectativa de que la filiación indígena se diluiría. La investigación nacional publicada en 1997 bajo el título Bringing Them Home documentó el alcance de las políticas y sus consecuencias intergeneracionales; el gobierno federal pidió perdón formalmente el 13 de febrero de 2008. En Nueva Zelanda, la urbanización acelerada desde la década de 1940 produjo efectos distintos pero comparables en la transmisión de te reo Māori, sin que existiera un programa de retiro de niños a escala nacional.

La resistencia indígena precedió a cualquier política de derechos. Henry Reynolds muestra que los pueblos aborígenes opusieron una respuesta continuada —emboscadas, huidas organizadas, negociación y uso del derecho— desde 1788, y que esa resistencia condicionó la velocidad y el coste de la expansión. En el siglo XX la lucha cambió de forma: la Jornada del Duelo de 1938, en Sídney, conmemoró el setenta aniversario de la Primera Flota con una protesta pública organizada; las campañas por la igualdad de la década de 1960 incluyeron la marcha de los Freedom Rides de 1965 contra la segregación en ciudades de Nueva Gales del Sur y la huelga de Wave Hill de 1966, encabezada por Vincent Lingiari, que exigía la devolución de tierras. En 1972 se instaló la Embajada Aborigen frente al Parlamento en Canberra, y en 1976 el Parlamento federal dictó el primer sistema de derechos territoriales para pueblos indígenas en el Territorio del Norte.

Los Māori movilizaron herramientas propias. La Gran Marcha por la Tierra de 1975, encabezada por Whina Cooper, llevó a Wellington la reivindicación de tierras confiscadas; la ocupación de Bastion Point, a finales de la década de 1970, convirtió un terreno costero en símbolo de desobediencia civil y terminó con juicios y devoluciones. En paralelo, el movimiento por la lengua convirtió la transmisión de te reo en una política pública: los primeros kōhanga reo, guarderías en lengua Māori, abrieron en 1982, y la ley de lengua de 1987 otorgó a te reo Māori estatus de lengua oficial. A diferencia del caso australiano, buena parte de esta presión canalizó después hacia las instituciones del tratado, que la sección siguiente examina.

Los resultados de estas movilizaciones fueron reales pero desiguales: el acceso formal a la ciudadanía y al sufragio se amplió, se crearon mecanismos de reparación y participación, y la discriminación racial pasó a estar formalmente prohibida —la ley australiana de discriminación racial es de 1975—. Sin embargo, los indicadores de salud, educación, ingresos y encarcelamiento siguen mostrando brechas entre los pueblos indígenas y el resto de la población: el marco australiano de cierre de brechas, acordado en 2008 y renovado en 2020, existe precisamente porque esas brechas persisten. La causalidad no es simple, porque operan también la urbanización, la discriminación posterior y la desigualdad sectorial; lo que la secuencia muestra es que la igualdad jurídica declarada no borró por sí sola las consecuencias materiales de un siglo de despojo y administración tutelar.

555.4. Reconocimiento, soberanía, memoria y debates actuales#

El régimen de reconocimiento neozelandés se apoya en el tratado de 1840 y en su transformación administrativa. La ley de Waitangi de 1975 creó el Tribunal de Waitangi, encargado de investigar denuncias de incumplimiento por parte de la Corona; en 1985 su competencia se amplió a hechos anteriores a la firma. Desde entonces, decenas de acuerdos de solución —los de Waikato-Tainui en 1995 y Ngāi Tahu en 1998 son los más conocidos— han combinado devolución de tierras, compensación económica y disculpas públicas, negociadas iwi por iwi. El Tribunal investiga reclamaciones y formula hallazgos y recomendaciones; estas últimas suelen no ser vinculantes, salvo mecanismos legales específicos de restitución. Esa particularidad importa: los iwi negocian por separado, con intereses y pruebas distintos, de modo que no existe una posición Māori única y el acuerdo de uno no obliga a los demás.

Los acuerdos no resolvieron la divergencia de 1840. El texto Māori no cede la soberanía, sino kawanatanga, y reconoce rangatiratanga en el artículo 2; el texto inglés habla de cesión plena. Sobre esa diferencia se sostienen demandas de autogobierno, cogestión de servicios y control de políticas públicas, mientras la Corona y los tribunales dan por establecida la soberanía del Estado. En 2025, un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria que buscaba fijar por ley los principios del tratado fue rechazado en su segunda lectura, el 10 de abril, según el registro del Parlamento de Nueva Zelanda; la disputa muestra que la pregunta central —qué autoridad conservan los Māori— sigue abierta en el propio derecho interno.

Australia carece de ese punto de partida. No hubo tratado nacional de cesión, y los acuerdos puntuales del siglo XIX no fueron reconocidos como límite de la soberanía colonial. El reconocimiento llegó por la vía judicial: en 1992 el Tribunal Superior de Australia resolvió el caso Mabo, promovido por habitantes de las islas del Estrecho de Torres, y declaró que el derecho reconocía títulos indígenas previos, desmantelando la ficción de terra nullius; el Parlamento federal reglamentó esa doctrina en la ley de título nativo de 1993, que exige probar la conexión continua con la tierra y permite que derechos previos queden extinguidos por actos del Estado. El fallo Wik de 1996 añadió que el título nativo podía coexistir con arrendamientos de pastoreo, y la respuesta política —la reforma de 1998— restringió parte de esa posibilidad.

Sobre esa base se montaron las iniciativas de reconocimiento. El Consejo de Reconciliación funcionó entre 1991 y 2000; en mayo de 2017, la Declaración de Uluru sintetizó en tres demandas —voz, tratado y verdad— el programa de las organizaciones indígenas. En el referéndum del 14 de octubre de 2023 se consultó la incorporación a la Constitución de una institución de voz de los pueblos indígenas, y la opción «No» fue mayoritaria en el conjunto del país y en los seis Estados, según el resultado recogido por la Oficina de Educación Parlamentaria australiana; la reforma exigía además mayoría simultánea de votantes y de Estados. Ninguna de las tres demandas de Uluru se ha traducido en un tratado nacional ni en un órgano constitucional, y desde la década de 2010 algunos gobiernos estatales han abierto procesos de asamblea indígena, tratado o verdad. En Australia también existen acuerdos particulares contemporáneos, como los de uso de la tierra previstos por la ley de 1993, pero operan dentro del derecho del Estado asentado, no como reconstrucción de un tratado fundacional.

Comparar los dos regímenes revela qué significa soberanía en la práctica. En Aotearoa, la promesa escrita de 1840 funciona como base de reclamación: el Tribunal investiga presuntos incumplimientos de la Corona, formula recomendaciones y sustenta acuerdos; algunas vías legales específicas pueden tener efectos vinculantes. En Australia, el título nativo es una doctrina de propiedad administrada por los tribunales del propio Estado asentado: reconoce intereses previos, pero no cuestiona la soberanía bajo la que se reconoce ni exige al Estado renunciar a autoridad alguna. Ninguno de los dos ordenamientos reconoce una jurisdicción indígena soberana separada que desplace la soberanía estatal; la diferencia está en que uno parte de un documento firmado y el otro de una corrección interna de su propio derecho.

La memoria pública organiza estos desacuerdos. En Australia, el 26 de enero —aniversario del desembarco de 1788 y fiesta nacional— es también fecha de protesta bajo el lema de «Día de la Invasión», mientras el Día del Anzac recuerda las guerras del siglo XX e incluye a soldados indígenas en su relato; el debate historiográfico de los años noventa y primeros del siglo XXI, conocido como «guerra de la historia», enfrentó a quienes consideraban excesivo el peso de la violencia fronteriza en los libros y a quienes la documentaban. En Nueva Zelanda, el Día de Waitangi alterna ceremonias oficiales, discursos de excusa y protestas de Māori cada 6 de febrero. En ambos casos la memoria convive con reclamaciones vigentes: no las sustituye ni las cierra.

Este arco no conduce a un desenlace fijado de antemano. Con fecha de corte de contenidos al 31 de octubre de 2026, Australia carece de un tratado nacional con sus pueblos indígenas y de un órgano constitucional de voz, y siguen abiertas las disputas por tierra y jurisdicción; Aotearoa conserva un tratado cuyo significado se interpreta y negocia en procesos específicos de cada iwi, en un marco donde los iwi negocian por separado y las posiciones públicas no coinciden. Lo que ambos casos enseñan, una vez diferenciados, es que la colonización de asentamiento dejó dos herencias distintas: en uno, un derecho de propiedad corregido desde dentro; en el otro, una promesa escrita convertida en maquinaria de reclamación. El capítulo 556 continúa el relato hacia las sociedades insulares del Pacífico, donde el colonialismo adoptó formas de comercio, misión y trabajo contratado sobre poblaciones que también organizan sus propias demandas de soberanía; el capítulo 557 ofrece, a su vez, el marco comparativo para juzgar casos indígenas sin fundirlos en una sola categoría cultural.

Preguntas de transferencia#

  1. ¿Por qué la presencia de un tratado en Aotearoa no impidió la pérdida masiva de tierra Māori? Porque un tratado solo limita si existen instituciones que lo hagan valer en el momento. En 1840 la Corona controlaba legislación, tribunales y, tras las guerras de la década de 1860, la fuerza militar; los tribunales de tierra individualizaban títulos y la ley de 1863 autorizaba confiscaciones, mientras el Tribunal de Waitangi solo se creó en 1975. Las reglas operativas fueron, por tanto, la ley colonial de la tierra y no la promesa del tratado; el documento pasó a pesar mucho más tarde, cuando aparecieron instituciones de reclamación.

  2. ¿Por qué el referéndum australiano de 1967 no concedió el voto a los pueblos indígenas? Porque en Australia la habilitación para votar no fija solo la Constitución: las condiciones del sufragio las definían leyes ordinarias, federales y de los Estados. Las enmiendas de 1967 ampliaron la capacidad federal para legislar en favor de la población aborigen y cambiaron cómo se la contaba en el censo; el voto federal se había extendido por ley en 1962, y las reglas estatales cambiaron en calendarios distintos. Confundir reconocimiento constitucional con derecho de voto produce una predicción errónea: el mismo referéndum pudo obtener el 90,77 % de «sí», según AIATSIS, y dejar intacto el sufragio.

  3. ¿Qué cambia jurídicamente que Australia resuelva la demanda indígena por la vía del título nativo y Aotearoa por la vía de tratados con la Corona? Puntos de partida distintos producen remedios distintos. Donde la ley presumió durante siglos que no existían títulos previos, el reconocimiento debe probarse caso por caso, con conexión continua y reglas de extinción, de modo que el remedio queda condicionado y encuadrado en el derecho de propiedad. Donde el Estado heredó una promesa firmada, los remedios toman la forma de paquetes estatutarios negociados —excusa, dinero, devolución de tierras— que no refundan la soberanía, pero crean obligaciones de proceso. Ninguna de las dos vías devuelve jurisdicción; ambas redistribuyen beneficios y generan expectativas diferentes.

  4. ¿Cómo separar la causalidad de las políticas de asimilación de otros factores que explican las desigualdades indígenas actuales? Explotando el tiempo y la variación geográfica: comparar cohortes y regiones con distinta exposición a la retirada de niños o a las restricciones sobre la lengua; rastrear mecanismos concretos —ruptura de lazos de parentesco, pérdida de la lengua, control de salarios—; combinar pruebas documentales con trayectorias de vida medibles; y controlar factores que operan por separado, como la urbanización, el cambio sectorial y la discriminación posterior. También hay que especificar qué la debilitaría: si las brechas aparecieran solo tras la urbanización, con independencia de la exposición a las políticas, la explicación asimilacionista perdería fuerza.

  5. ¿Por qué el resultado del referéndum australiano de 2023 no cierra la cuestión de la soberanía? Porque la consulta versaba sobre reconocimiento y asesoría —un órgano constitucional de voz—, no sobre jurisdicción, tierra o tratado. La regla de doble mayoría condiciona el resultado, y la opción «No» ganó en los seis Estados; rechazar una propuesta cambia la ruta política, no las reclamaciones subyacentes, que siguen su curso en el título nativo, en los procesos estatales y en acuerdos locales. En sentido inverso, el rechazo neozelandés de 2025 al proyecto sobre los principios del tratado dejó intacta la pregunta interpretativa de 1840. Los votos cierran propuestas, no la distribución de la autoridad.

Fuentes y lecturas del capítulo#

  1. Reynolds, Henry. The Other Side of the Frontier: Aboriginal Resistance to the European Invasion of Australia. UNSW Press, edición revisada de 2006.
  2. Broome, Richard. Aboriginal Australians. 5.ª ed. Allen & Unwin, 2019.
  3. Orange, Claudia. The Treaty of Waitangi. Bridget Williams Books, edición revisada de 2011.
  4. Belich, James. Making Peoples: A History of the New Zealanders. Penguin, 1996.
  5. Belich, James. Paradise Reforged. Penguin, 2001.
  6. King, Michael. The Penguin History of New Zealand. Penguin, 2003.
  7. Attwood, Bain. The Making of the Aborigines. Allen & Unwin, 1989.
  8. High Court of Australia. Mabo v Queensland (No 2) (1992), 175 CLR 1.
  9. Commonwealth of Australia. Native Title Act 1993.
  10. Commonwealth of Australia. Commonwealth of Australia Constitution Act 1900 (arts. 51 (xxvi) y 127, en la redacción modificada por el referéndum de 1967).
  11. New Zealand. Treaty of Waitangi Act 1975.
  12. Human Rights and Equal Opportunity Commission. Bringing Them Home: Report of the National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from Their Families. 1997.
  13. Waitangi Tribunal. «Māori and English versions of the Treaty». https://www.waitangitribunal.govt.nz/en/about/the-treaty/maori-and-english-versions
  14. AIATSIS. «1967 Referendum». https://aiatsis.gov.au/explore/1967-referendum
  15. Parliamentary Education Office (Australia). «Aboriginal and Torres Strait Islander Voice referendum» (2023). https://peo.gov.au/understand-our-parliament/history-of-parliament/history-milestones/australian-parliament-history-timeline/events/aboriginal-and-torres-strait-islander-voice-referendum
  16. New Zealand Parliament. «Treaty Principles Bill» (segunda lectura no acordada, 10 de abril de 2025). https://bills.parliament.nz/v/6/227e6d0b-e632-42eb-cffe-08dcfeb826c6?Tab=sub
  17. Waitangi Tribunal. «Report on Stage 1 of the Te Paparahi o Te Raki Inquiry released» (2014). https://www.waitangitribunal.govt.nz/en/news/report-on-stage-1-of-the-te-paparahi-o-te-raki-inquiry-released
  18. Waitangi Tribunal. Guide to Practice 2023. https://www.waitangitribunal.govt.nz/assets/DOCUMENTS/Guide-to-practice/Guide-to-Practice-2023-English.pdf

Bibliografía de la parte XLIX · Bibliografía general

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